Cuando vio que su plan A de reforma electoral iba a ser rechazado por el Congreso, López Obrador ideó su plan B. Si no había la mayoría calificada para enmendar la Constitución, su partido sí contaba con los votos para aprobar —junto con sus aliados— las reformas legales para cambiar el sistema electoral por la puerta de atrás.
Ahora el plan B está en riesgo porque diversas instancias judiciales —entre ellas la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y tribunales laborales— podrían revocar porciones sustantivas de la reforma. Cabe incluso la posibilidad de que la Corte declare la invalidez del decreto de reforma, con lo cual se expulsaría el cáncer por completo, aunque ello requeriría de ocho votos de la Corte, un número difícil de alcanzar.
Si el gobierno anticipa que su reforma corre el riesgo de ser revocada en todo o en parte, ¿existe un plan C? Si el intento de acotar el tamaño, las capacidades operativas y las facultades sancionatorias del INE fracasa, ¿buscaría el gobierno capturar al instituto mediante el nombramiento de consejeros afines que sean sus delegados y voceros?
Está en marcha el proceso de nombramiento de cuatro nuevos consejeros del órgano electoral que debe concluir a más tardar el 3 de abril.
Tras que se publicaron los resultados de los exámenes escritos realizados la semana pasada, que aparentemente favorecen a personas cercanas a Morena, se ha generado la idea de un proceso amañado.
Imaginemos que la nueva presidenta del INE no sólo es cercana al gobierno, sino dispuesta a “reventar” los procesos internos y administrativos del Instituto. Imaginemos una presidenta que cuestione los resultados que arroje el sistema de resultados preliminares del INE la misma noche de la elección del 2024. Una presidenta del INE que se sincronice con López Obrador para atacar desde adentro al instituto.
¿Es viable un llamado plan C? Lo veo difícil por tres razones.
Primero, porque no hay evidencia de que efectivamente el proceso de nombramiento de los nuevos consejeros esté amañado o manipulado. Al menos no todavía. Tanto la convocatoria como los procedimientos que se han realizado hasta ahora por el Comité Técnico de Evaluación (CTE), siguen las pautas que establece la Constitución y que se llevaron a cabo hace tres años cuando se nombraron cuatro consejeros por unanimidad.
Se ha denunciado que algunas preguntas del examen eran ambiguas o incluso mal hechas. Pero se trata de pocas de ellas frente a una batería de 80. Se ha dicho que morenistas aparecen hasta arriba de las calificaciones, pero también aparecen no-morenistas e independientes.
Segunda razón de que un plan C es de difícil ejecución. Aunque hay al menos dos personajes abiertamente aliados y propagandistas del gobierno en el CTE, dicho comité debe justificar sus evaluaciones lo que limita el espacio para nombrar a cualquiera.
Tercera razón: aunque algunos de los consejeros designados sean afines al oficialismo, la captura del INE sería complicada. Por una parte, hay siete consejeros que permanecen, la mayoría de los cuales tienen una postura institucional e independiente del gobierno.
Incluso si la presidencia recayera en una allegada del gobierno, tendría dificultad para los nombramientos del cuerpo directivo que requiere ocho de once votos. Asimismo, la estructura de servicio civil de carrera difícilmente acataría instrucciones que fueran en contra de los principios rectores del instituto.
Claramente el escenario ideal sería 2020: consenso en el nombramiento de los cuatro consejeros. Pero el secretario de Gobernación, de forma indebida, ha dicho que Morena no negociará con la oposición.
La segunda mejor opción sería consenso respecto al nombramiento de la presidencia y que los otros tres consejeros se asignen por cuota: dos para Morena y uno para la oposición. No sería la primera vez que ello ocurre.
La tercera opción, la peor de todas, sería recurrir a la suerte. Sin embargo, si las quintetas están bien construidas, algo por ver, esta opción podría ser una salida ante las amenazas del secretario de Gobernación.
Soy moderadamente optimista de que el plan B del gobierno se desinflará y de que el plan C tendrá un efecto limitado sobre la operación del instituto. No obstante, es necesario estar alerta y denunciar cualquier anomalía en el proceso de nombramiento de los consejeros electorales.
