La ruta del dinero

México ocupa el último lugar de la OCDE en el ranking de percepción de corrupción
México ocupa el último lugar de la OCDE en el ranking de percepción de corrupción

La ruta del dinero

Corrupción.México ocupa el último lugar de la OCDE en el ranking de percepción de corrupción
Nación321
autor
Tamara Velasquez
Transparencia Mexicana
2019-01-30 |06:02 Hrs.Actualización06:02 Hrs.

La corrupción es, antes que nada, el uso del poder político para obtener un beneficio propio. Opera en complejas redes que involucran un constante flujo de dinero. Perdida entre estos flujos se encuentra la desmedida influencia que pueden llegar a tener los intereses privados sobre las decisiones del gobierno y el ejercicio del dinero público. Por ello, si se quiere reducir la corrupción es necesario establecer mecanismos que faciliten la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del gasto público y permitan a las comunidades seguir la ruta del dinero, desde su origen hasta su destino. 

El gobierno tiene la obligación de mantener informadas a las personas. Pero esto sólo es el primer paso. Éste debe además garantizar la publicación de toda la información oportuna y relevante a la política pública en los formatos correctos. Es por medio de esta información que se pueden identificar riesgos de corrupción, patrones en las interacciones entre actores, y conexiones entre los actos. Por ello es que es necesaria la creación de un amplio ecosistema que permita y fomente un uso efectivo de los datos con miras a desmantelar redes de corrupción y a evidenciar conflictos de intereses. En los últimos años, la sociedad civil, tanto en México como en el mundo, se ha dado a la tarea de identificar y juntar las distintas piezas de este rompecabezas, y con ellas, trazar rutas claras sobre cómo y dónde se gastan nuestros impuestos, y quiénes se benefician.

Sin embargo, los mecanismos que se tienen actualmente no permiten que se trace una ruta del dinero público ya que la información en muchos casos se encuentra dispersa, en distintos formatos, y en bases de datos que son incapaces de hablarse entre sí. A pesar de que de que la Ley General de Transparencia es clara en que toda la información del gobierno deberá ser pública salvo en casos de seguridad nacional o protección a datos personales, gran parte de la información que podría ser de interés de la población ni siquiera es hecha pública o es publicada inadecuadamente. Un ejemplo de ello es que los padrones de apoyo o beneficiarios en programas sociales no son publicados conforme a la Ley. 

Existen además discrepancias de qué y cómo se publica entre dependencias y órdenes de gobierno. Por ejemplo, bases de datos de dependencias distintas que comparten temas comunes, en muchos casos tienen información diferente y en formatos que no son comparables. Esto dificulta que los datos se puedan analizar y limita las posibilidades de trabajo conjunto en todos los niveles para temas o problemáticas comunes. También hay discrepancias entre poderes, entidades federativas, municipios, y constitucionales autónomos.

El primer paso de cualquier política anticorrupción es la prevención, y para la misma, la información es clave, pero si se quiere dar ese primer paso, el gobierno debe asegurar que toda la información necesaria para garantizar comunidades informadas sobre el ejercicio del dinero público sea pública y se publique correctamente. Esto involucra la publicación de datos abiertos con estándares claros y homologados, pero también de incentivar el uso de los datos, asistir a comunidades con identificar la información más relevante para ellos, e incentivar los mecanismos de participación ciudadana. De igual manera, se tiene que facilitar el intercambio de información como herramienta para medidas anticorrupción entre actores de gobierno. Solo así, podemos aproximarnos a trazar la ruta del dinero.