En el sector financiero mexicano los nervios están a flor de piel. A unos días de conocer la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que pondrá a prueba la efectividad del país en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, cada señal que llega de Estados Unidos preocupa, y desde luego la noticia del Departamento del Tesoro que sancionó a uno de los bancos emblemáticos de ese país, prendió las alertas.
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el 13 de octubre sanciones por más de mil 210 millones de dólares contra Bank of America, por fallas en sus controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones. Entre los señalamientos destaca que el banco no reportó oportunamente operaciones sospechosas por más de 5 mil millones de dólares. La acción involucró a FinCEN, la Oficina del Contralor de la Moneda y la OFAC.
Para reguladores en todo el mundo, y en México sobre todo, dada la cercanía y los antecedentes del último año, el mensaje es contundente: ni el tamaño de una institución ni su relevancia en el sistema financiero la eximen de cumplir con sus obligaciones, y como bien dicen los especialistas, quedó claro que no hay un programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) perfecto, nadie está exento de tener estos graves problemas.
Y es que ese recordatorio llega en el peor momento para una banca mexicana que aguarda con incertidumbre el resultado de la evaluación internacional del GAFI que se dará a conocer a final de este mes, por lo que la preocupación es real.
Desde ayer, el tema no solo es por morbo, es más bien de tomar acciones; la revisión primero nuevamente de los clientes enlistados, pese a que el comunicado no decía explicítamente México, todos, dado la referencia, confirman en ambos lados de la frontera, que nuestro país está relacionado.
En paralelo, algunas instituciones recibieron solicitudes de información adicional por parte de las autoridades en esta materia. En un entorno así, cualquier requerimiento genera preguntas, revisiones internas y, desde luego, nerviosismo.
Por ello, en las instituciones financieras en todos los niveles no sólo revisaron, sino también el comentario general y de preocupación es que sea una señal de que México termine incorporado a la llamada lista gris del GAFI, escenario que elevaría el escrutinio internacional y podría traducirse en mayores exigencias de cumplimiento, más costos operativos y una revisión más estricta de las relaciones con corresponsales bancarios extranjeros, el peor panorama.
En México, en el último año, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lleva Omar Colmenares, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Ángel Cabrera, han trabajado en la materia de PLD, reforzaron esquemas y sobre todo, han tenido cercanía con autoridades estadounidenses y con la industria, nadie quiere ser el próximo sancionado por el Departamento del Tesoro; las consecuencias ya se conocen.
Gastos médicos mayores, en la mira del Congreso
El sector asegurador no quiere quedar fuera de la discusión sobre la reforma a las pólizas de gastos médicos mayores y aunque han tenido encuentros y hay la mejor apertura, la industria insiste en que cualquier cambio debe partir de criterios técnicos y no de soluciones que terminen encareciendo o limitando la oferta.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que preside Pedro Pacheco, asegura que han sostenido mesas de trabajo con legisladores de distintas bancadas para explicar qué medidas son viables y cuáles podrían resultar contraproducentes. Entre sus propuestas están ampliar los productos para adultos mayores, mejorar la transparencia y atender de manera integral los problemas del sistema de salud privado.
Y los números importan, pues de cada 100 pesos que las aseguradoras pagan por siniestros, 87 van directamente a hospitales y médicos privados mediante convenios; otros ocho se destinan a medicamentos fuera del hospital. Además, el seguro de gastos médicos mayores opera con un margen técnico de apenas 0.5 por ciento, mientras los costos médicos y los insumos siguen aumentando.
Ahora, de parte del Legislativo, que ha tomado de bandera el tema, porque si bien, el número de asegurados es un segmento aún pequeño, pero redituable políticamente, tiene el reto de corregir malas prácticas, que sí existen y se padecen, pero sin comprometer la viabilidad de un producto que protege financieramente a miles de familias.
En esta discusión, la industria también ha tenido respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), algo que sus representantes reconocieron durante el encuentro de la fiesta del organismo empresarial, por lo que la interlocución con el sector privado será clave para que las propuestas no se conviertan en nuevas barreras de acceso y como ya se ha visto en algunas iniciativas de esta era morenista, las pólizas terminen siendo más caras, con menos opciones y más mexicanos fuera de la protección médica privada, que ganen los asegurados.
Nueva planta en Coahuila
Mientras las noticias de AHMSA parecen no ser tan favorables y sigue en duda su recuperación, con todo lo que eso implica, al menos sigue llegando esperanza con inversiones en otras industrias como una nueva planta galvanizadora en el municipio de Castaños, en la zona metropolitana de Monclova, Arcosa Meyer Utility Structures representó una inversión de 2 mil 100 millones de pesos y la creación de alrededor de 200 empleos directos. Se trata de la planta más grande de la compañía en Norteamérica y está al frente Doug Bryson, que se especializa en el diseño y fabricación de estructuras de concreto y acero destinadas a la transmisión y distribución de electricidad.
La expansión de Arcosa fue resultado de más de dos años y medio de trabajo, con la participación de 16 empresas y equipos de nueve países, una buena noticia entre tanta incertidumbre con una de las empresas insignias de ese estado.
Paracetamol para el IMSS
Las últimas semanas no han sido nada buenas para el titular del IMSS, Zoé Robledo, y hasta la misma presidenta le ha dado la razón a las protestas, ya no solo todo depende de los números y estrategias, sino también del manejo político de un frente laboral que comienza a complicarse.
Aunque aseguran que la mayoría de los trabajadores sindicalizados no tiene problemas, las protestas son un dolor de cabeza que no puede ignorarse.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.