La transformación del sistema de pagos en México está entrando en una etapa mucho más relevante: ya no se trata únicamente de desarrollar nuevas herramientas digitales, sino de conseguir que toda la infraestructura que existe detrás funcione de manera coordinada, desde los bancos y adquirentes hasta los pequeños comercios, las terminales punto de venta y, por supuesto, las autoridades.
La publicación de las reglas de interconexión de cámaras de compensación representa un avance importante en ese proceso, particularmente porque permite atender uno de los temas que había generado cuestionamientos dentro de la industria y que también había sido señalado en el contexto de las conversaciones comerciales entre México y Estados Unidos, incluida la preocupación expresada por procesadores de pagos internacionales respecto de determinadas condiciones del mercado mexicano.
Si bien, buena parte del trabajo técnico para aterrizar esas reglas se realizó entre los participantes del sistema y posteriormente fue incorporado por la autoridad en las propuestas regulatorias -que han estado consensadas-, no han dejado de hacer ruido en las últimas semanas. Todos tienen interés e intereses desde la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Emilio Romano Mussali; el Banco de México (Banxico), encabezado por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con Ángel Cabrera; la Asociación de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP) con Juan Carlos Viramontes, por mencionar algunos, todos mantiene la responsabilidad sobre la operación y evolución de buena parte de la infraestructura de pagos.
Lo que queda ahora son ajustes mucho más específicos: facilitar el enrolamiento de adquirentes, simplificar procesos relacionados con CoDi y hacer más sencillo para los bancos activar cuentas y soluciones digitales para pequeños negocios. Aquí extraoficialmente se busca que sea CoDi, el nombre que prevalezca, así como Pix en Brasil, que sea muy sencillo el poder hacer la transacción, sin los largos números de la Clabe Interbancaria, que si bien es exitosa, segura y el SPEI lo procesa en milésimas, se busca tener lo mejor de los dos mundo.
El otro punto en donde avanzan, al menos en ideas y propuestas, es en reducir el uso del efectivo, a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino; eso sí, hay temas que al menos no se ve que como propuso la presidenta Claudia Sheinbaum puedan aplicarse rápido, como el no aceptar uso de efectivo en carreteras, al menos las principales vías operadas por privados, no han sido convocados en el tema, ni tienen idea sobre cual es el plan que se piensa aplicar.
Y en el caso de eliminar el efectivo en las gasolineras, se atraviesan diferentes puntos de conflicto, en donde el costo de digitalizar es alto. Aunque se han planteado esquemas de tasa de intercambio cero para determinados sectores, recibir un pago digital genera costos para alguno de los participantes de la cadena. En el caso de las gasolineras, esto adquiere mayor relevancia porque existe una discusión paralela sobre los márgenes de operación, particularmente, sobre el precio del diésel.
Por eso la política de reducir el efectivo tendrá que ir acompañada de incentivos económicos y no solamente de obligaciones regulatorias.
Mientras tanto, la banca está trabajando en simplificar cuentas y soluciones para pequeños comercios, además de impulsar una estrategia para digitalizar negocios a través de grandes empresas ancla y sus cadenas de proveedores.
México ya tiene buena parte de la infraestructura, ahora con la propuesta de los cambios regulatorios, que luego hablaremos más a detalles, se busca que todas las piezas hablen entre sí, pero algo importante que nadie debe perder de vista, es que la digitalización no termine siendo una imposición que excluya precisamente a quienes todavía dependen del efectivo, por lo que en estos temas aún hay mucho por discutir, entender y escribir.
Propiedad intelectual: el activo que México busca proteger
La propiedad intelectual suele verse en México como un asunto jurídico: registrar una patente, proteger una marca o defender una invención. Pero el verdadero reto es económico: conseguir que esos derechos se conviertan en activos capaces de generar inversión y financiamiento.
El anuncio de que México asumirá el papel de Oficina de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional dentro del PCT, coloca al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Vidal Llerenas Morales, en una posición de mayor relevancia dentro del sistema internacional de patentes. El movimiento también es consistente con la estrategia de innovación que impulsa la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon.
Por lo que la visita de Marco Alemán, subdirector General del Sector de Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es relevante por los tres temas principales en que se enfocará hoy el encuentro en el Museo Franz Meyer.
Uno es en la industria farmacéutica, en donde el país busca ampliar sus capacidades de producción nacional, particularmente de medicamentos genéricos, donde el tema es sumamente importante porque se necesita mantener reglas de propiedad intelectual suficientemente claras para no desincentivar la investigación, el desarrollo tecnológico y la inversión.
El otro tema, es avanzar en que se realicen procesos como en otros países, en que una patente o una marca puede ser también una herramienta para obtener crédito, pero para ello la banca tiene que tener los elementos para poder valuar estos intangibles, si no se hace seguirá ocurriendo que buena parte del patrimonio de las empresas innovadoras permanecerá fuera del sistema financiero, por lo que las autoridades de Economía tienen claro de que el siguiente paso para México no es solamente proteger la innovación, sino aprender a valuarla, financiarla y convertirla en crecimiento económico, resultados que ojalá se vean pronto.
Massunaga debuta y Mastercard redobla su apuesta por México
Luego de meses en búsqueda del perfil ideal, Sidney Massunaga, ya fue presentado como el nuevo director y country manager de Mastercard México, tal como adelantamos en esta columna hace unos meses, y ya tuvo su primer evento público al frente de la operación, acompañado por Silvana Hernández, presidenta de la División Norte de América Latina.
En su primer mensaje estuvo concentrado en México y, particularmente, en uno de los segmentos con mayor potencial para la transformación digital: las micro y pequeñas empresas, donde buscan, como se dice coloquialmente, “echar toda la carne al asador”.
Massunaga llega a Mastercard después de su trayectoria en HSBC y toma la posición tras la salida de Mauricio Schwartzmann. En paralelo, Hernández asumió el liderazgo regional en junio, en sustitución de Kiki Del Valle, quien ahora encabeza Aceptación para Mastercard en Norteamérica.
El nuevo equipo llega con una agenda ambiciosa. Mastercard pretende impactar a más de 1.5 millones de personas y negocios en México, mediante Mastercard Avance MiPyME, junto con Fundación Capital, y PyMEs Ciberseguras, con AMITI.
La apuesta va más allá de aceptar pagos con tarjeta, pues buscan que estos pequeños negocios también se digitalicen, hagan uso de más herramientas financieras, sepan protegerse de amenazas cibernéticas y con ello operar con mayor eficiencia, lo que se traduciría en más ganancias. El reto es interesante y Massunaga arranca con todo el compromiso de convertir la tecnología en crecimiento tangible para las Mipymes mexicanas. Ojalá se logre.
Regular seguro de gastos médicos mayores
El diputado Jericó Abramo parece haber encontrado una fórmula política infalible: poner a las aseguradoras y hospitales en el papel de villanos y al usuario en el de víctima. El problema es que un mercado financiero no se arregla a golpe de consignas ni con frases como “se acabó la fiesta”.
Transparentar tarifas y comisiones, ayudar y poner frenos a malas prácticas en el tema de seguros de gastos médicos mayores es una buena idea, pero Abramo parece olvidar que Hacienda tiene mucho que decir. La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social conoce los riesgos regulatorios y financieros de mover estas piezas. Y si los cambios son realmente relevantes, resulta difícil imaginar que puedan evaluarse al margen de esa coordinación.
Por lo pronto, la moneda está en el aire