La decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar permiso indefinido para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa cambió el escenario político, pero también evitó que el sistema financiero mexicano tuviera que enfrentar uno de los casos más complejos que podía presentarse: cómo operar las cuentas y los recursos de un gobierno estatal cuando el titular del Poder Ejecutivo se encuentra, al mismo tiempo, incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El supuesto es importante, porque el problema nunca fue solamente si Rocha Moya podía continuar jurídicamente como gobernador, sino qué habría ocurrido en la práctica con su relación con los bancos y con las operaciones financieras de un gobierno que necesitaba seguir funcionando y su titular es señalado por Estados Unidos como cooperante con el narco.
La UIF que tiene al frente a Omar Reyes Colmenares, informó el 18 de mayo de 2026 que incorporó a personas políticamente expuestas de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas como una medida preventiva administrativa derivada de reportes de instituciones financieras y de alertamientos relacionados con señalamientos de autoridades estadounidenses, precisando que esa inclusión no constituye una determinación definitiva ni acredita por sí misma responsabilidad penal.
Sin embargo, mientras una persona permanezca en esa lista, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito obliga a las instituciones financieras a suspender inmediatamente los actos, operaciones o servicios con el cliente o usuario bloqueado. Ahí es donde habría comenzado el verdadero problema para las instituciones financieras mexicanas si Rocha hubiera decidido permanecer en el cargo, como lo anunció previo al fin de semana.
Si bien, el bloqueo es individual y no significa que las cuentas del Gobierno de Sinaloa se hubieran congelado automáticamente, estar al frente de un Estado generaba un problema para los bancos, debido a diversas interpretaciones de las leyes, pero también al análisis de riesgo que generaba. Es cierto que los recursos públicos pertenecen al gobierno y no al gobernador, por lo que las cuentas institucionales podrían haber continuado operando mediante funcionarios legalmente facultados, pero el problema habría aparecido cuando la operación financiera requiriera la participación directa de Rocha, ya fuera mediante una firma, una instrucción, una autorización o cualquier otra intervención que implicara proporcionar un servicio financiero colateral a una persona incluida en la Lista de Personas Bloqueadas.
En ese escenario, los bancos habrían tenido que determinar, operación por operación, si estaban atendiendo una instrucción legítima del Gobierno de Sinaloa o si, al permitir la intervención del gobernador bloqueado, estaban realizando un acto financiero que la ley les ordenaba suspender.
Pero el mayor riesgo quizá no habría estado dentro de las fronteras mexicanas, sino en las relaciones de corresponsalía que mantienen los bancos nacionales con instituciones estadounidenses.
Un banco mexicano puede cumplir formalmente con la legislación mexicana y, al mismo tiempo, enfrentar una evaluación de riesgo por parte de sus corresponsales extranjeros. Si una institución estadounidense considera que determinadas operaciones o clientes representan una exposición elevada, el banco mexicano podría incrementar controles, limitar servicios o incluso replantear una relación comercial para proteger su acceso al sistema financiero internacional.
Eso habría obligado a los bancos mexicanos a observar el caso de Sinaloa no solamente desde la perspectiva del artículo 115, sino también desde sus propios modelos de riesgo, cumplimiento y corresponsalía. Nadie quiere ser acusado de ayudar al narco o al contrabando de fentanilo y acabar como las tres instituciones financieras que fueron señaladas el año pasado, y todo por darle servicio al gobierno de Sinaloa, que por algunas horas tuvo al frente al gobernador señalado, hoy con licencia.
Su permiso indefinido evitó que ese escenario tuviera que resolverse de inmediato y quizá esa sea una de las consecuencias menos visibles de la decisión: Rocha no solamente se separó temporalmente del ejercicio del poder; también sacó del sistema financiero uno de los conflictos regulatorios más delicados que podía enfrentar un gobierno estatal en México.
La nube no es el único camino para la IA
La inteligencia artificial (IA) ya está en la agenda de los directivos mexicanos, pero la conversación empieza a cambiar. Ya no se trata solamente de invertir en IA, sino de revisar con cuidado la infraestructura que la hace posible.
En ese tema, Dell Technologies México que lleva Juan Francisco Aguilar, tienen claro que el modelo “cloud-first” está perdiendo terreno frente a esquemas híbridos, multinube, edge e infraestructura local. Los datos respaldan esta transformación: 79 por ciento de los casos de IA en producción se ejecuta fuera de la nube pública, de acuerdo con Dell Technologies Enterprise AI Adoption Survey.
El costo es uno de los principales motivos. La inferencia local puede resultar hasta 75 por ciento más rentable que la nube pública, especialmente cuando se trata de cargas de trabajo de gran escala. A esto se suman factores como seguridad, soberanía de los datos, cumplimiento regulatorio y latencia.
En México, más de 70 por ciento de las empresas ya trabaja con esquemas híbridos o multicloud, según IDC, por lo que la competencia y discusión se centra ya en el área de tecnología: la infraestructura para IA se está convirtiendo en una decisión financiera, operativa y estratégica y ahí será clave que la eficiencia de la IA incluya de dónde y cómo se ejecute, por lo que una asesoría adecuada de qué busca una empresa al adoptar la IA es ya clave.
Durango, sede del Congreso Nacional de Minería
La ciudad de Durango será sede del IX Congreso Nacional de Minería del 26 al 28 de agosto, organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMG), que preside a nivel nacional Raúl Luis García Reimbert, y Juan Morales Gómez encabeza el Distrito anfitrión.
A realizarse en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, el evento contará con una Expo Comercial y se espera una asistencia de más de mil 200 participantes entre directivos, especialistas, proveedores y trabajadores de la industria a las conferencias magistrales y técnicas, mesas de negocios, exposiciones de maquinaria, además de una exposición inteactiva denominada México Minero Inmersivo para el público en general, con acceso gratuito en la Plaza Cuarto Centenario en esta semana. Sin duda, uno de los congresos más importantes en el país y clave actualmente en la revisión del tratado comercial, por los minerales críticos.
La inversión en Cablebús
Menos tiempo en el transporte es la apuesta que se tiene con el Cablebús con las nuevas Líneas 4, 5 y 6 que recorrerán casi 40 kilómetros en las zonas altas de Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta, y beneficiarán diariamente a más de 200 mil personas.
La inversión supera los 17 mil millones de pesos y hay que recordar que los recursos no salen de una sola bolsa, pues el presupuesto incluye recursos de la Ciudad de México y federales; además, el gobierno capitalino destinó recursos mediante el FIMAS y el Bono Verde para fortalecer la movilidad sustentable, este último de los más solicitados en los últimos años.
Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía enferma, supervisó este fin de semana la Línea 4, una obra federal de 4 mil 754 millones de pesos, con lo que se busca reducir las horas que la gente pasa en el tráfico y que esperan esté lista el próximo año, ojalá lo logren.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.