México enfrenta en estos días dos evaluaciones internacionales que, aunque corresponden a sectores completamente distintos, tienen un punto en común que no debería pasar inadvertido: la capacidad del Estado para supervisar de manera efectiva, la aplicación correcta de las regulaciones vigentes, tener personal especializado y, lo más importante, demostrar que las normas no solamente existen en el papel, sino que se cumplen en la práctica. Nada sencillo, el panorama.
Por un lado está la revisión en materia de Seguridad Aérea y, por otro, la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el régimen mexicano de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En el sector aéreo, el antecedente es suficientemente reciente como para no olvidarlo, porque las consecuencias tuvieron un importante efecto en la economía, un golpe igual impediría que nuevos vuelos y rutas aéreas se pongan en marcha.
Hay que recordar que en mayo de 2021, México perdió la Categoría 1 de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), después de que la autoridad estadounidense determinara que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no cumplía con los estándares internacionales requeridos en materia de supervisión.
La recuperación de la categoría llegó hasta septiembre de 2023, después de más de dos años de trabajo institucional, modificaciones regulatorias y una estrecha colaboración de la industria con la propia autoridad para atender los pendientes.
Fue un periodo particularmente complicado para la aviación mexicana, porque mientras México permaneció en Categoría 2, las aerolíneas nacionales enfrentaron restricciones para abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias hacia Estados Unidos. El costo de una deficiencia de supervisión terminó trasladándose a toda la industria y evidenció algo que hoy vuelve a estar sobre la mesa: una autoridad aeronáutica no puede cumplir adecuadamente sus funciones si no cuenta con suficientes inspectores, recursos y especialistas, y ahí, hoy está también en el centro de la revisión, no se puede esconder bajo la alfombra, la desigualdad salarial, que es un tema.
Ese es precisamente uno de los principales retos que enfrenta hoy la AFAC, cuyo director es el general Emilio Avendaño García, que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que lleva Jesús Esteva y que ha delegado el tema, también en la subsecretaria Tania Carro, que por cierto ha hecho un buen trabajo en esa área.
Sin embargo, la agencia necesita presupuesto suficiente para contratar y mantener al número de supervisores que exige el crecimiento de la industria, pero también requiere resolver una vieja distorsión: formar y capacitar especialistas para después perderlos frente a una industria que puede ofrecer mejores salarios y condiciones laborales. Homologar las remuneraciones de los supervisores de la AFAC con las que ofrece el mercado aeronáutico debería ser parte de la discusión si realmente se quiere construir una autoridad técnica sólida y permanente; pero ante la austeridad republicana que se ha mantenido desde el sexenio pasado, se ve complicado un cambio.
Hay además un tema todavía más delicado: la capacidad e independencia del área encargada de investigar los accidentes e incidentes aéreos. La investigación debe tener la fortaleza técnica y la autonomía suficientes para determinar las causas de un accidente y evitar que los procesos terminen condicionados por intereses regulatorios, operativos o políticos.
El problema es que estas evaluaciones llegan cuando México también está bajo la lupa en otro frente particularmente sensible: el financiero.
La otra evaluación en PLD
Así es, GAFI realizó en marzo su visita in situ como parte de la evaluación mutua de México, un proceso que revisa tanto el cumplimiento técnico como la efectividad del régimen nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en donde aún no se tiene el resultado, ya que eso tendrá que ser discutido y votado durante la plenaria de octubre.
Este tema es de suma importancia; el país ha venido trabajando en fortalecer y cerrar las puertas al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Se ha intensificado la supervisión, desde la semana pasada hay reglas nuevas para sujetos considerados de alto riesgo, y ahora se tiene todo para que México pueda demostrar que tiene leyes, disposiciones regulatorias, unidades especializadas, obligaciones de identificación del cliente y mecanismos de supervisión.
Sin embargo, el GAFI también quiere saber qué tan efectivos son esos instrumentos en la realidad: cuántas operaciones sospechosas se detectan, cómo se investigan, cuántas llegan a una sanción, qué ocurre con los recursos ilícitos y qué tan coordinadas están las distintas autoridades, y como sabemos, reportes hay miles, investigaciones cientos, pero condenados se cuentan con los dedos de la mano.
Durante su presidencia del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, quien concluyó su mandato el pasado 30 de junio, conoció de primera mano la complejidad de estas evaluaciones. Desde el mes pasado, la presidencia del organismo está a cargo de Giles Thomson, del Reino Unido, y el cambio de presidente no modifica, desde luego, la metodología ni la exigencia con la que se revisa a México.
Y aquí aparece el verdadero punto de coincidencia entre ambos exámenes. En aviación, México ya comprobó que una autoridad con capacidades limitadas puede terminar provocando una crisis que afecta a toda una industria. En materia antilavado, el riesgo podría ser mayor, de imagen, de un sistema financiero comprometido, y una larga lista de problemas, de no cumplir adecuadamente.
Ambas evaluaciones son claves, y la coincidencia es que se den al mismo tiempo, lo que pone en el centro de atención, que el gobierno federal tenga las capacidades institucionales para salir bien librado de ambas.
BMV avanza con Fibras
Todo indica que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que lleva Jorge Alegría avanza en su negocio, y es que con Fibra Uno (FUNO), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces listado en México, colocó 7 mil 500 millones de pesos en bonos verdes, pero lo más importante es que recibió más de 18 mil millones de pesos en demanda, es decir, una sobresuscripción de 2.5 veces.
Los recursos serán destinados a refinanciar deuda, pero lo interesante está en el mensaje que manda el mercado: cuando existe un emisor conocido, con escala y activos detrás, los inversionistas están dispuestos a poner el dinero y competir por el, y es que además FUNO no es precisamente un jugador pequeño.
Al cierre de junio tenía 599 propiedades, 620 operaciones, 12.5 millones de metros cuadrados de área bruta rentable y una ocupación de 95.7 por ciento, y en el caso de la BMV mostró que una bolsa no sólo debe presumir listados: tiene que demostrar que puede ser una plataforma efectiva para conectar capital con empresas que necesitan financiarse y esa operación lo hizo.
El otro punto a revisar y que avanza cada vez más en todas las empresas, es el enfoque de los criterios ASG y el bono verde atrajó la atención, convive ya financiamiento, rendimiento y demanda real.
Desde luego, en el ambiente de incertidumbre y menor crecimiento de la economía, el reto para Jorge Alegría y la BMV será que estos 7 mil 500 millones no sean la excepción, sino parte de una tendencia, al menos los bonos verdes ganan terreno.
Alianza a seguir
GNP Seguros, que lleva Jesús Martínez, y Swiss Re Corporate Solutions con Iván González al frente, sellaron una alianza estratégica que fortalecerá el negocio de seguros corporativos en México.
Swiss Re transferirá su cartera directa a GNP, operación que amplía el peso estratégico del ramo de Daños y permite a GNP aprovechar su red de más de 15 mil agentes, mientras incorpora capacidades globales para atender riesgos empresariales complejos y la expansión internacional de compañías mexicanas, una alianza a seguir por el impacto que puede tener en la competencia.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.