México ha tenido avances importantes en la adopción de diversas regulaciones internacionales para fortalecer el sistema financiero. Ahí tenemos la entrada anticipada de Basilea II y III que sirvió para que la banca pudiera dar esos meses extras de no pago a sus clientes en pandemia; también se creó el Comité de Estabilidad del Sistema Financiero para que las autoridades tomarán decisiones y analizarán los riesgos, y desde luego en temas de Prevención de Lavado de Dinero, se crearon las listas de personas políticamente expuestas y se avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con el cambio que dio esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lleva Omar Reyes Colmenares pueda bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial, prende las alertas en temas de certidumbre jurídica.
Si bien, el titular dela UIF ha salido a medios a recodar que es una autoridad preventiva, cuyo fin es evitar que recursos de procedencia ilícita puedan ingresar a la economía y que el sistema financiero sea utilizado y perjudique o dañe las finanzas del país y que no tienen acceso a la información financiera de los mexicanos, lo cierto es que la resolución de la Corte les da un nuevo poder.
Hay que recordar que la Corte eliminó dos importantes frenos que la UIF tenía cuando quería bloquear cuentas, en términos de los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, y es lo que preocupa a los abogados, pues el bloqueo de cuentas se implementó en aquellos años en que Alberto Bazbaz dirigía la UIF y pretendía tener una herramienta que pudiera bloquear o congelar por la vía administrativa las cuentas de una persona.
En ese momento, se trató de una incorporación que obedecía a las propias recomendaciones del GAFI, que señalan que los países deben contar con herramientas eficaces para impedir que los recursos que pudieren estar siendo lavados o provinieran de dicho delito, siguieran circulando en el sistema financiero y de alguna forma, contaminándolo.
Pero ojo, en aquellos años, la entonces SCJN le puso dos importantes frenos a esa facultad, sabiendo que de no hacerlo podría convertirse en un ente todopoderoso y sin control.
Uno de los frenos era que se podría usar solo como respuesta a compromisos internacionales claros y por ende solicitudes expresas, por lo que se trataba de una herramienta que se podía usar no con sospechas difusas o señalamientos sin denuncias, sino ante mecanismos de cooperación internacional.
El segundo freno que la Corte aplicó, es que daba el escudo procesal al ciudadano, ya que permitía que, en la vía del juicio de amparo, el juez incluso ordenara el desbloqueo provisional, para poder hacer uso de los recursos para la subsistencia o pago de pensiones, o enfermedades.
Cuando la UIF tiene un dato de un probable delito de lavado de dinero, efectivamente hay la facultad de inmovilizar los recursos, pero que, inmediatamente después, presente la denuncia correspondiente y sea el Ministerio Público quien ordene el aseguramiento a través de un juez de control. Algo que debería suceder en menos de una semana para ser contundentes y que efectivamente tienen todos los datos en su poder para actuar por esa vía. Desafortunadamente, la realidad es que al día de hoy, se han bloqueado miles de cuentas que se han quedado en ese estado, sin denuncia, sin aseguramiento posterior y son bloqueos como consecuencia de una sospecha sin que exista una defensa y mucho menos la liberación de los recursos.
Con esta nueva resolución, para los especialistas en la materia prácticamente permitiría que eso pase de manera indiscriminada, porque hoy resulta subjetivo para la UIF, pero no hay un listado de actos o circunstancias que lo permitan y, lejos de que el ciudadano tenga mecanismos de defensa, podría quedarse en el limbo por muchos años, lo que, a decir de empresas a las que les sucedió algo así, significó una muerte económica, aun cuando digan que pueden acudir a sus oficinas a hacer las aclaraciones correspondientes si se les bloqueo una cuenta por presunción de algún delito de lavado de dinero. Este cambio puede ser una sentencia de enormes alcances y afectaciones, sin que medie un juicio donde se permita la acusación, la probanza y la debida defensa. Es decir, un elemento más de incertidumbre jurídica a la vista.
Más opacidad en San Luis Potosí
La más reciente polémica surgida en San Luis Potosí que gobierna Ricardo Gallardo del PVEM, está ya no sólo en que busca dejar a su esposa como su sucesora, de lo que ya platicaremos luego, sino en el renacimiento de un parque acuático del gobierno estatal que se da entre la opacidad y un misterio sobre el manejo de su marca.
Y es que en plena Semana Santa, Gallardo Cardona inauguró el Dinoasis Aqua Park, en el emblemático parque Tangamanga 1 de la capital potosina, que más bien se trata de la renovación del viejo Splash, inaugurado en los 90s, pero que decayó y se mantuvo cerrado muchos años.
Esta administración inició el proyecto de revivirlo. Además de las amenidades acuáticas de rigor, se le dotó de una imagen “jurásica”, con animatrónicos de dinosaurios, lo que dio el origen al nombre, pero como ya sabemos, la transparencia no es el fuerte de la administración gallardista, y ha mantenido oculto la mayor parte de los contratos de sus obras.
El parque acuático no es la excepción. No se sabe el monto de la inversión, el modo en que se otorgó el contrato ni qué empresa lo recibió,
Además, la organización ecologista Cambio de Ruta cuestionó el impacto ambiental de la obra por la cantidad de árboles afectados y el uso recreativo del agua en una ciudad con fuertes dificultades de abasto, y descubrió que en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, se tramita el registro de la marca del parque… pero no por el gobierno estatal, sino por un particular radicado en Pátzcuaro, Michoacán, que se trata del mismo nombre para un negocio de parque de atracciones acuáticas, del que no se señala la ubicación.
Lo curioso es que la imagen gráfica registrada en el IMPI es exactamente la misma que usa el parque recién inaugurado, por lo que la coincidencia ha despertado suspicacia sobre la naturaleza del proyecto estatal, en el sentido de si su uso beneficiará a particulares y es que la falta de información oficial es un ingrediente más que aumenta las dudas.
Como dato curioso, el promotor del trámite tiene los mismos apellidos que el fundador de una constructora michoacana que recibió en 2024 un contrato millonario de obra del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital, que es cuna y bastión del movimiento político que encabeza Gallardo Cardona.
La mala cara del AICM
Más allá de las remodelaciones que se realizan en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que se ve difícil –al menos en la 1– que concluyan a tiempo, y la prohibición de que los autos de aplicación puedan levantar pasaje, también tiene el reto de mejorar no sólo la seguridad, sino la atención y servicio, ya que el aeropuerto que lleva el almirante Juan José Padilla Olmos, será la cara para millones de turistas y si atienden, como ahora lo hacen en Semana Santa, seguro ganan por su maltrato incluso a los agentes del ICE.
Y es que, además de que el aeropuerto está en obras, que no están todos los baños habilitados, todos los vuelos que llegan sin excepción en plena Semana Santa los hacen pasar por una doble revisión de rayos X, así sólo traigan una pequeña maleta, y la crítica no es que revisen doble, hay que recordar que cuando pasan las maletas por las áreas internas del aeropuerto para ir a banda, ya pasan por los detectores de Aduanas, incluso, los directivos aduaneros que son del mismo gobierno, ya han dicho lo innecesario de la actuación de la Marina que está a cargo.
Esto porque hacen un cuello de botella en las bandas, al obligar a todos a que pasen por sus dos únicas máquinas de rayos X y poder salir, y si alguien se le ocurre preguntar si pueden pasar por la línea de no declarar, la cual ya prácticamente no dejan que nadie la utilice, simplemente lo niegan de mala manera y sin justificación real; si bien se trata de tener un aeropuerto seguro, esto no debe ir peleado de modales mínimos de educación, que parece simplemente dejaron en casa, y ellos serán la primera cara en el Mundial para los visitantes.
Clausuras a gasolineras
En México, existe el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS), creado durante la gestión de Armando Ocampo y que registró una adhesión superior al 90 por ciento y es que establecía como uno de sus principales beneficios evitar la clausura inmediata de instalaciones en proceso de regularización, salvo en casos de riesgo inminente para la seguridad o el medio ambiente, pero los tiempos cambian y ahora las clausuras están a la orden del día, aún cuando estén en ese proceso.
Y es que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, al mando de la recién nombrada Andrea González Hernández, incrementó en las últimas semanas las visitas de verificación y clausuras a estaciones de servicio y expendios de gas, pese a que el programa de regularización RENAGAS contemplaba incentivos para facilitar la regularización del sector, por lo que las quejas están ya a la orden del día.
La principal queja, además de las clausuras es que el retraso en la resolución de trámites y permisos por parte de la propia autoridad impiden que se concluyan los procesos de regularización, lo que ha creado un círculo de problemas; al incremento de gas y gasolina, ahora sume las clausuras y con eso la oferta se reduce.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.