La “Estrategia Nacional contra la Extorsión” presentada el 6 de julio pasado, por Omar García Harfuch, titular de Seguridad Pública, fue vista con buenos ojos, aunque en varios puntos no fue algo nuevo.
Se tendrá un número telefónico nacional para denuncia anónima (089) e incluyó la participación de las unidades antisecuestro en la atención al delito, aunque eso era algo que ya sucedía en la Fiscalía de la CDMX desde hace unos años.
Tampoco fue nueva la propuesta del bloqueo de líneas y equipos celulares; operativos sorpresa en reclusorios y una Ley General contra la Extorsión, pero la sorpresa es que propondrán el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a extorsiones y es ahí, donde las luces y focos deben centrarse.
Aunque es una buena idea, pero la aplicación, los tiempos, las sanciones y la identificación de los que son llamados “mulas” —por prestarse a abrir cuentas donde se depositan los recursos y luego retirarlos—, ha sido desde hace tiempo un debate constante en la Asociación de Bancos de México (ABM) que hoy preside Emilio Romano.
Desde hace tiempo, los socios de la ABM han discutido cómo evitar que el sistema financiero sea participe de manera involuntaria en el traslado de dinero producto de extorsiones, y fraudes, lo que es algo difícil de detectar y sobre todo de denunciar con la prontitud para evitar que el dinero que se deposita en estas cuentas producto de estos delitos sea retirado. Hasta ahora, sólo los casos de cercanos al sistema, logran alertar, y pueden bloquear las cuentas en donde se está depositando el dinero, producto de extorsión o fraudes, de whatsapp por ejemplo. Pero reconocen que no hay un mecanismo para hacer o una base de datos en donde los bancos puedan identificar qué personas usaron sus cuentas bancarias para un delito, y cuando las identifican, por diversos temas legales, no pueden compartir esa información.
Una propuesta que en algún momento se trató, es “vetar” a esas personas del sector bancario, no abrirles cuentas, lo que les impediría recibir desde apoyos sociales, hasta realizar diversos trámites si estaban en la economía formal.
Por eso, la propuesta hecha por Omar García, podría revivir el debate de lograr que se sancione a quienes hacen mal uso del sistema bancario; la lista de propuestas que se han hecho en todos estos años, es amplia, ya les iremos contando.
Por lo pronto, en cuanto a la estrategia presentada, si bien en los hechos las acciones permiten la investigación de oficio de la extorsión —es decir, sin que medie denuncia de la víctima—, lo cual representa un reclamo de muchos sectores de varios años, aún quedan retos por resolver. Cabe señalar que la citada estrategia no sería posible sin la aprobación previa del paquete legal en el periodo extraordinario de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la reforma a la Ley de Población que contempla la CURP con datos biométricos.
Aunque García Harfuch habló de ocho entidades que concentran el 66 por ciento de las extorsiones a nivel nacional —Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero—, el dato se basa sólo en número de carpetas de investigación, de un delito generalizado en el país, cuya incidencia del delito se ha disparado casi 58 por ciento de 2018 a enero de 2025 (dato de la propia exposición de motivos de la iniciativa de la Ley General contra la Extorsión), y con una cifra negra que está estimada en 96 por ciento, de acuerdo a un estudio de la Coparmex de hace dos años.
Se trata de uno de los delitos más graves que aquejan a los mexicanos considerando sus diversas modalidades —directa o indirecta, llamada telefónica, mensajes en redes sociales, cobro de piso, amenazas, secuestros virtuales—, que afecta a personas de todos los niveles socioeconómicos y perjudica el patrimonio y actividades económicas de personas, pequeñas, medianas y grandes empresas en áreas urbanas y rurales.
No hay que perder de vista, primero, que la extorsión es un delito del fuero común, que le corresponde atender a las fiscalías locales, las cuales tendrán la mayor responsabilidad para actuar, y no que lo deleguen a las autoridades federales.
En segundo lugar, que los datos que se aporten de intentos de extorsión en llamada al número telefónico 089 seguramente aportarán indicios valiosos para la investigación, pero igual no es un hecho consumado, hay muchos frentes que analizar, ya los iremos identificando.
Retos del sector petrolero
El trabajo que viene realizando la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González para tener un plan completo en materia energética, si bien en el papel todo indica avanza bien, en los hechos sigue siendo todo un reto, el que pueda haber no sólo un cambio integral, sino que logren la ansiada transformación en ese sector.
Los retos eso sí, no son sólo en México, sino en toda América Latina, donde se debe trabajar en modernizar el sector de petróleo y gas, han reconocido especialistas como Julieta Rodríguez, gerente de Cuentas Estratégicas O&G para Rockwell Automation en Latinoamérica.
En la región, se esperan inversiones en alrededor 500 mil millones de dólares hasta 2030, pero hay una serie de retos que podrían diluir su impacto si no se abordan a tiempo, el primero de ellos es la obsolescencia de la infraestructura, por ejemplo, yacimientos on-shore y off-shore funcionan con sistemas de control antiguos y carecen de sensores inteligentes y SCADA actualizados, lo que limita la visibilidad de las operaciones y dificulta el mantenimiento predictivo.
A eso sume, que en las plataformas marinas, la corrosión y el desgaste exigen equipos robustos, mientras que las terminales de almacenamiento operan con tecnología que pone en riesgo la seguridad de inventarios.
En el transporte, los ductos y buques aún dependen de métodos rudimentarios para detectar fugas y optimizar flujos, por lo que la falta de telemetría avanzada y automatización encarece la operación y retrasa la respuesta ante incidentes.
Sin olvidar que hay grandes volúmenes de datos no estructurados que genera toda la cadena, sin un modelo de gobierno que permita procesarlos en tiempo real sin exponer los sistemas al alto riesgo cibernético; todo esto tienen en común los países de América Latina en ese tema.
Sin embargo, como todo, con la inversión adecuada, se puede pensar en tener el diseño de una estrategia de migración que pudiera ser en tres fases: diagnóstico de activos críticos y brechas de talento; despliegue por etapas para minimizar paros; y convergencia OT-IT con ciberseguridad integrada, lo que ayudaría a priorizar las intervenciones de mayor impacto y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías sin interrumpir la producción. Algo que ojalá pronto la Sener ponga en marcha.
Crecer la infraestructura yucateca
Luego de una pausa de seis años, fueron reinstaladas las comisiones mixtas entre la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar del estado de Yucatán y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con el objetivo de planificar, transparentar y ejecutar y dar seguimiento a la obra pública del estado que gobierna Joaquín Díaz Mena y que si bien, era uno de las entidades más avanzadas en diversos frentes, en los últimos meses parece que todo va un poco más lento.
Aunque al menos, ya instaladas las comisiones mixtas se busca no sólo que se erradiquen las prácticas discrecionales en la asignación de obras, al vigilar cada etapa de los proyectos, sino contribuyen a la calidad y el impacto social de ellos. Una novedad en el nuevo convenio es la retención del dos al millar sobre el valor total de los contratos de obra pública para destinarse a la capacitación del personal de las empresas constructoras, a efecto de elevar los estándares técnicos y profesionales, que será un tema diferencial si se aplica adecuadamente. En el tema, están todos pendientes que se logren cambios, desde Alaine López, secretaria de Infraestructura estatal, y el presidente de la CMIC Yucatán, Felipe Alberto Canul Moguel, además del propio gobernador y el presidente nacional de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled, si logran coordinarse y ejecutar, las obras será un tema a seguir, ya que las comisiones mixtas dejaron de instalarse durante toda la administración de Mauricio Vila; hoy todo indica, obras a la vista y sobre todo, con vigilancia y coordinación del sector público y privado.
La semana de las Afores
El Zócalo de la Ciudad de México, se convertirá nuevamente en el punto de reunión de todas las Afores del país, durante cinco días en que se podrán tener acceso no sólo a pláticas sobre la importancia de tener todo en orden con tu Afore, sino conocer más e incluso iniciar procedimientos para arreglar algún problema que se tenga.
La Feria de las Afores que tiene como protagonista a las 10 Afores que conforman el sistema, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) que preside Guillermo Zamarripa, estará del 1 al 5 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí se podrán realizar cualquier tipo de consulta y trámites, es uno de los encuentros que más éxito ha tenido, dado la cantidad de personas que buscan asesoría acerca de la situación de sus ahorros para el retiro, además en esta edición habrá actividades para impulsar temas de educación financiera.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.