El pasado 15 de noviembre se presentó el Reporte de Delitos de Alto Impacto correspondiente al mes de septiembre, publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El reporte es un análisis mensual sobre el comportamiento nacional, regional y estatal de varios delitos de alto impacto, tales como el homicidio doloso y culposo, secuestro, extorsión, robos con violencia, de vehículo, a casa habitación, negocio, transeúnte y violaciones, según la información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El mensaje clave que se quiso transmitir en la presentación del reporte es que, tras una década de combate a la delincuencia, los índices delictivos se encuentran en niveles inaceptables, debido a la falta de implementación de políticas efectivas para reducir la violencia en el país.
Por este motivo, nuestro principal objetivo radicó en llamar la atención de autoridades locales que siguen sin asumir su corresponsabilidad en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, dejando todo en manos de la Federación; una Federación cuya receta ha consistido en combatir frontalmente el delito, aumentar la presencia de fuerzas federales en el territorio, distribuir dinero de todos los mexicanos a estados y municipios que por años han recibido recursos, sin mostrar eficacia en la aplicación de los mismos.
El análisis de los datos duros expuestos en el reporte, debería llamar a la autoridad a actuar con urgencia:
1. Septiembre fue el mes con mayor número de víctimas desde enero de 2014, cuando se comenzó a contabilizar este dato.
2. Septiembre fue el mes con más homicidios dolosos del actual sexenio.
3. Septiembre no es un caso aislado sino que se adscribe en un periodo de alta violencia, en su momento, julio y agosto de 2016 también fueron los meses respectivamente más violentos del sexenio.
4. La tendencia al alza en homicidios tampoco es reciente, sino que desde abril de 2015 se ha mantenido.
5. Agosto y septiembre fueron los meses con más homicidios por armas de fuego desde 1997.
En el Reporte de Delitos de Alto Impacto también analizamos los problemas de incidencia delictiva local, informando cómo entidades tradicionalmente consideradas seguras, viven brotes de alta incidencia delictiva o entidades que habían sido tomadas como referencia positiva en reconstrucción de la seguridad, han visto empeorar significativamente sus condiciones. También dimos cuenta de la falta de rendición de cuentas por parte de entidades –Querétaro y San Luis Potosí- que modificaron sensiblemente información del número de eventos delictivos de 2015, sin explicar a la ciudadanía por qué, ni responder a cuestionamientos.
Obviamente el mensaje no gustó a quienes hoy lideran las instituciones de seguridad y justicia. Autoridades federales y locales manifestaron su desacuerdo, desestimaron el análisis, criticaron el tono y buscaron justificaciones. No obstante, no hubo un compromiso real por mejorar aspectos del panorama que nos tienen sumidos en esta crisis, nadie reconoció su incapacidad y peor aún, quienes pudieron haber aprovechado para explicar y rendir cuentas –Querétaro y San Luis Potosí- dejaron pasar la oportunidad y se sumergieron en la opacidad y el silencio.
Desde la Federación se buscó minimizar la brutalidad de septiembre presentando datos alternos –los datos del mes de octubre que en ese momento no eran públicos- y trataron de mostrar que un 6% menos de casos de homicidio era un éxito del plan nacional para reducir la violencia en los 50 municipios con más homicidios del país. La autoridad federal quiso de esta manera demostrar que sí hay una política de seguridad y que ésta funciona.
¿Tiene razón la autoridad cuando afirma que la disminución de homicidios en octubre es un éxito de "su estrategia"? En el ONC lo dudamos; un plan presentado el 30 de agosto pasado, del cual poco se ha sabido, no parece un elemento clave en la disminución de homicidios en tan sólo 30 días. Aún más, si ese plan era tan efectivo ¿por qué tuvieron que esperar que julio y agosto respectivamente rompieran récord en violencia en la actual administración federal para implementarlo?
El resultado de estas políticas tampoco se debe considerar un éxito rotundo si se piensa que en octubre en materia de homicidio doloso se registraron 1,860 carpetas de investigación y 2,090 víctimas, contra las 1,974 carpetas de septiembre y 2,187 víctimas, ubicando a octubre como el cuarto mes más violento de esta administración después de septiembre, agosto y julio respectivamente. De igual manera los delitos de alto impacto estudiados por el ONC, a excepción de homicidio doloso y secuestros del fuero federal, reportaron un alza sustancial comparados con el mes de septiembre.
Atribuirle al plan de intervención de los 50 municipios, la disminución de 213 víctimas de homicidio de septiembre a octubre es peligroso, porque podría llevarnos a pensar que, de la misma manera, dicho plan es el responsable de los más de 60 muertos del fin de semana largo del 20 de noviembre.
Entonces ¿sirve o no sirve la intervención federal en los 50 municipios? Probablemente sí, sin embargo, aún no hay evidencia suficiente que permita entender su alcance y posibles resultados. ¿Es esta la estrategia la que llevará a la pacificación del país? No, confío en que este sea un buen plan –ya que falta conocer muchos pormenores- porque lo implementan nuestras fuerzas federales que, aún con defectos, son grandes instituciones y conozco las capacidades y compromiso que tienen con la seguridad de los mexicanos.
No obstante, el punto es que sigue faltando la segunda parte de esta acción, una serie de elementos que construyan mejores instituciones de seguridad y justicia capaces de prevenir, reaccionar ante el delito, perseguirlo, sancionarlo y aplicar la sanción en pleno apego a la ley. Faltan los incentivos a la legalidad que muestren que vivir en el respeto de la ley es mejor que vivir fuera de ella. Falta la capacidad de analizar a detalle el uso eficaz y eficiente de los recursos de todos los mexicanos. Falta la capacidad de entender a detalle qué sí y qué no funciona según cada caso, para poder aprender a enfrentar futuras crisis.
Sigo pensando que es un mal uso del tiempo y esfuerzo de nuestras autoridades tratar de justificar falta de resultados en vez de mostrar las evidencias de los avances. Me parece que forzar relaciones de causalidad pone en riesgo la implementación de planes –potencialmente buenos- que pueden verse vulnerables a la luz de esas mismas relaciones de causalidad, toda vez que los presuntos resultados, ya no son visibles.
Dejemos de discutir alrededor de justificaciones sin sustento y concentrémonos en establecer el rumbo que habrá de guiar las políticas de seguridad y justicia de los próximos 20 años. De seguir en la misma ruta lo que nos espera son más brotes de violencia, más vidas perdidas, más ocurrencias y nuestro dinero tirado a la basura.
