Francisco Rivas: 'El Chapo' Guzmán y otras incapacidades de las autoridades

El líder del Cártel de Sinaloa ya se encuentra en EU para enfrentar la ley
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Francisco Rivas: 'El Chapo' Guzmán y otras incapacidades de las autoridades

En el extranjero.El líder del Cártel de Sinaloa ya se encuentra en EU para enfrentar la ley
Especial
autor
Francisco Rivas
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano
2017-01-23 |10:59 Hrs.Actualización10:59 Hrs.

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, dice el dicho. La fecha esperada por muchos finalmente se cumplió, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, finalmente fue extraditado hacia un penal de máxima seguridad en los Estados Unidos de Norteamérica.

El Chapo Guzmán es el hombre que ha humillado en más de una ocasión a las autoridades mexicanas, y que debido a su actividad criminal ha marcado la vida social y cultural del estado de Sinaloa y de gran parte de nuestro país. Promovió una cultura de la ilegalidad, corrupción y violencia en generaciones; la droga que vendió y los medios que necesitó para hacerlo costaron incalculables vidas humanas. Combatir su poderío costó miles de millones de pesos que no se destinaron a mejorar las condiciones de salud y bienestar de muchos; los daños causados al pueblo de México los habremos de pagar por décadas.

Con todo esto en mente, la extradición del Chapo nos ofrece varias lecciones de las que debemos aprender acerca de qué calidad de instituciones tenemos, cómo está nuestro sistema de justicia, penitenciario y de inteligencia, así como la calidad, arraigo, practica o deficiencias que tenemos en materia de derechos humanos en nuestro país.


El proceso de captura y recaptura, las fugas, el encarcelamiento y la extradición del Chapo Guzmán nos demostró -en el caso existiese alguna duda- que:

1. Los capos del narcotráfico cuentan con recursos (económicos y de ejercicio de la violencia), capaces de comprar o doblegar voluntades, justicia e impunidad. Ante esto, el Estado se ha mostrado incapaz de combatir la corrupción y garantizar el bienestar de los servidores públicos y sus familias, involucrados en el combate a los delitos.

2. El sistema penitenciario mexicano no cuenta con Centros de Readaptación Social suficientemente seguros para un criminal con los recursos que tiene el Chapo Guzmán. Sobran los casos de fugas, violencia, ajuste de cuentas, mantenimiento del poder y la capacidad de delinquir de los reos –aún con menores recursos que el Chapo-.

3. No tenemos evidencia de que capturar y encarcelar un líder o integrante de la criminalidad organizada genere una mejor inteligencia para la prevención y persecución de los delitos. Las capturas y el desmantelamiento de bandas que han sido presumidos como grandes logros del gobierno, no han demostrado que hayan menos delitos ni menos violencia en el país, aunque sí podríamos sustentar lo contrario.

4. En particular, parece que el combate a los delitos financieros, el lavado de dinero que permite a los delincuentes mantener su poder, parece inexistente en nuestro país. ¿Dónde está esa inmensa riqueza de quien hoy es extraditado y de la que tantos nos han hablado autoridades y medios de comunicación? ¿Cómo es posible que no se ha logrado extinguir el dominio de tantos bienes que podrían ser usados en beneficio de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones? ¿Por qué la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha logrado poner en evidencia todas las redes de corrupción y complicidades de ciudadanos, empresarios y autoridades que protegen a los delincuentes?


5. El tema de derechos humanos en México sigue siendo difícil de manejar para las autoridades. La historia de abusos y vejaciones que la autoridad ha tenido hacia grupos vulnerables y personas en general, ha generado una gran desconfianza de la opinión pública y una falta de apoyo ciudadano que lleva a que una gran parte de la actuación de las autoridades se pongan en entredicho, dificultando para ésta la aplicación de la ley y permitiendo que cualquiera pueda invocar violaciones a sus derechos fundamentales con o sin razón. Durante el último periodo de reclusión del Chapo y su proceso de extradición, muchas fueron las quejas de violaciones a sus derechos humanos. En este contexto, si la autoridad quiere poder contar con legitimidad y apoyo ciudadano, debe iniciar un profundo trabajo de aplicación de los protocolos de actuación conforme a la ley y mostrar que el respeto a los derechos fundamentales no es una campaña, sino el convencimiento que sólo en el respeto cabal de los derechos de cada persona -sea esta quien sea- se puede construir un Estado democrático donde impere la ley.

6. Los movimientos en los equilibrios del poder juegan en favor de la violencia ¿hay un plan que prevenga que ésta se desate en el territorio nacional ante las luchas internas y externas por el poder?

7. La "guerra contra el narco" está lejos de haber concluido. Ante esto es fundamental evaluar objetivamente lo hecho hasta el momento, entender que 10 años después la actuación debe actualizarse, la ley cumplirse y por ende, generar una estrategia de seguridad a largo plazo, medible y que explique responsabilidades e implique costos a quien incumpla. Debemos pasar de la mera confrontación a la construcción de un país donde el Estado actúe siempre conforme a la ley y donde la corrupción y la impunidad no tengan espacio.

8. La autoridad debe dejar de pasar el tiempo minimizando la violencia y justificando la falta de resultados. Rendir cuentas significa explicar qué y para qué se tomaron ciertas acciones, asumiendo los costos del ejercicio del poder. 

Sin embargo, la historia reciente parece querer decirnos que nada aprenderemos de la posible caída del Chapo. No se ve un trabajo de entidades y federación por erradicar la corrupción y la debilidad del sistema penitenciario, el sistema de justicia o el mismo ejercicio del poder.

El Chapo ya se encuentra en manos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos se han preguntado si la coincidencia de tiempos entre la extradición y la toma de protesta de su nuevo presidente, aquel que afirma que los mexicanos somos violadores y secuestradores, es un regalo para la nueva administración. Esta idea no es descartable, de alguna manera podría ser un guiño a quien usa a México en sus discursos cuando no sabe qué contestar acerca de sus deshonestidades, como forma de ganar un poco de buena voluntad. Pese a esto, parece más probable que sea lo opuesto, que el gobierno  mexicano quiso apresurar la extradición para negarle una estrellita a quien se ha declarado con hechos, enemigo de México.

En resumen, ¿es bueno que hayamos extraditado a este delincuente? Sí, aunque con sus asegunes. Es bueno que el Chapo se encuentre frente a una autoridad que usará la información que le extraiga para combatir el poder de la delincuencia organizada en, por lo menos, gran parte del continente, al tiempo que evitamos la vergüenza internacional de una tercera fuga de este criminal de un supuesto penal de máxima seguridad nacional. 

Por otro lado es preocupante que sigamos siendo incapaces de usar a los reos en este país para generar inteligencia, combatir el delito, salvar vidas, mostrar capacidad institucional y así mejorar