Vamos conociendo a cuentagotas algunos aspectos adicionales de la reforma en materia de pensiones que el 5 de febrero propondrá AMLO al Congreso.
Le comparto algunas consideraciones.
1-En la conferencia mañanera del viernes pasado reiteró que se trata de una reforma constitucional aun pudiendo hacer el cambio que pretende a través de una modificación de leyes secundarias.
Lo hace a sabiendas de que no cuenta con la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
Esto quiere decir que en realidad a López Obrador no le interesa que se haga el cambio en materia pensionaria, sino contar con una propuesta –como otras que presentará– que pueda usarse electoralmente, planteando que el objetivo de su gobierno es darles a los trabajadores el 100 por ciento de su salario al retirarse, pero que es la oposición la que lo frena.
Se espera que sea un mensaje que tenga una fuerte potencia electoral y que sea difícil de rebatir.
2-Para evitar inquietudes en los mercados financieros, ya estableció que la propuesta no implicará cambiar la administración de las Afores sino aumentar la aportación del gobierno al ahorro para el retiro, tanto entre los afiliados al IMSS como en el ISSSTE.
La aportación del Estado al ahorro para el retiro es hoy del 0.225 por ciento del salario de cotización del trabajador. El trabajador aporta el 1.125 por ciento y los patrones, hasta la reforma del 2020 aportaban el 5.150 por ciento para sumar 6.5 por ciento.
En este año la aportación patronal ya corresponde al 7.150 por ciento del salario base y crecerá hasta llegar al 13.87 por ciento del salario base en 2030, con lo que el ahorro para el retiro será equivalente al 15 por ciento del salario.
No ha dicho AMLO en cuánto pretende aumentar la aportación del gobierno, pero pareciera que en el aumento de ella es que se concentrará el cambio.
3-Puede haber un impacto importante en las finanzas públicas por este incremento si realmente se pretende llegar a una jubilación con el 100 por ciento del salario.
Las estimaciones realizadas tras efectuarse la reforma del 2020 indican que la llamada tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario con el que se retiraría el trabajador, pasaría en 2030 en alrededor del 30 por ciento antes de la reforma realizada al 70 por ciento. Ello, también en virtud de la reducción del mínimo de semanas requeridas para el retiro.
Si el gobierno incrementara su aportación aproximada al aumento que realizan los patrones y llegara, digamos a un 6 por ciento del salario base de cotización, equivaldría en 2030 a una aportación de alrededor de 260 mil millones de pesos anuales a precios de 2023.
Sume esta carga a los 2 billones de pesos de pensiones y el programa para adultos mayores y verá el tamaño del impacto global para las finanzas públicas.
4-En el caso de los trabajadores del ISSSTE puede suponerse que habría una aportación equiparable. Actualmente el esquema implica un ahorro equivalente al 11.3 por ciento del salario base del trabajador y una cuota social aportada por el gobierno equivalente al 5.5 por ciento del salario mínimo vigente. Es probable que también en este caso se proponga un incremento gradual de la cuota social aportada por el gobierno, lo que implicaría otro costo para las finanzas públicas.
5-Tenga la certeza, sin embargo, que otra de las fórmulas para incrementar la llamada tasa de reemplazo no se va a usar: el aumento de la edad de jubilación.
Las edades de jubilación para los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE se establecieron cuando la expectativa de vida era menor.
Por ejemplo, cuando se aprobó la Ley del IMSS de 1973, la esperanza de vida al nacer era de 58.8 años para los hombres, de modo que una jubilación a los 65 implicaba un costo relativamente bajo para las finanzas públicas.
Los datos más recientes son de 72.2 años en promedio, es decir, 13 años y medio más, y, sin embargo, la edad mínima para jubilarse no ha cambiado y no se ve en el horizonte ninguna reforma que la vaya a cambiar.
Veremos en las siguientes semanas si el presidente López Obrador no nos da una nueva sorpresa.
