En ocasiones me han preguntado qué espero de la resolución de la Corte relativa a la extensión de mandato del presidente Arturo Zaldívar y del Consejo de la Judicatura.
La respuesta que he dado es que en la votación en la que se defina la constitucionalidad del artículo transitorio que extendió el plazo, hay dos escenarios: uno es que el resultado sea 11-0 por declararlo inconstitucional y el otro que sea 10-1 por lo mismo.
Hay quien hace ‘otros cálculos’ y señala que en virtud de que hay tres ministros nombrados en la administración de López Obrador y de que el beneficiario de dicha extensión es el actual presidente Arturo Zaldívar, se tienen entonces los cuatro votos necesarios para impedir que se declare inconstitucional dicho artículo.
Ese razonamiento podría ser válido sólo si hubiera evidencia de que los tres ministros en cuestión, Yazmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara, votan en consonancia con las propuestas del actual gobierno, lo que no es así.
Y además se requeriría que el ministro Zaldívar estuviera conforme con dicha ampliación.
De acuerdo con la información que he recabado, la idea de la ampliación del periodo de Zaldívar y de la Judicatura provino del Poder Ejecutivo y fue operada en el Senado a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Si ocurriera un cambio radical en los criterios de los ministros y Zaldívar, en el contexto actual, asumiera los dos años adicionales, le implicaría un alto costo reputacional que lo debilitaría.
Ese costo se lo ha incrementado el propio presidente de la República cuando señala que la reforma judicial sólo puede ser instrumentada por el propio Zaldívar y por nadie más, lo que implica que se desacredite a todos los otros integrantes de la Corte.
Pero, hay más.
Es ampliamente conocido que la ministra Ríos-Farjat ha expresado que votará los temas en función de su criterio y no del interés de la Presidencia, por lo que difícilmente se sumaría a un bloque para defender la constitucionalidad del artículo transitorio.
En el caso del ministro González Alcántara, es también conocida la posición que asumió cuando ocurrió un intento parecido en el Tribunal del entonces Distrito Federal, el cual rechazó.
González Alcántara ha mostrado una actitud bastante independiente que hace poco probable que se sume a respaldar la constitucionalidad del artículo transitorio en cuestión.
Probablemente el único voto a favor de la constitucionalidad del transitorio pudiera ser el de la ministra Esquivel, pero no sería extraño que también votara en contra.
Esta definición tendrá lugar en el mes de agosto y con ella se irá cualquier suspicacia respecto a alguna tentación de hacer algo semejante para el mandato del presidente de la República.
Si en algún momento hubo la pretensión de configurar una Corte claramente proclive al gobierno federal o al menos asegurar un bloque de cuatro ministros que permitiera hacer cambios en las leyes para saltarse las normas constitucionales, es claro que esto ya no fue posible.
En un contexto en el cual hay fuertes tendencias a la centralización del poder en el Ejecutivo, no puede dejar de celebrarse que haya indicios claros de que el Poder Judicial va a seguir funcionando como un contrapeso a los otros dos poderes.
Por esta razón, va a ser relevante lo que suceda con el cambio del ministro Fernando Franco en el mes de diciembre.
Algunos piensan que ese cambio, independientemente de que no modifique el balance de fuerzas en la Corte, puede ser aprovechado para hacer una gran reorganización de posiciones en el ámbito de procuración e impartición de justicia del gobierno federal.
Ya lo veremos.
