Aunque obviamente en la eventualidad de que prosperara una reforma así, se emprenderían controversias constitucionales por parte de legisladores y gobiernos estatales, creo que lo decisivo sería lo que sucedería en las calles.
La marcha del domingo en la Ciudad de México se quedaría como una pequeña demostración frente al rechazo social que implicaría violar la Constitución frente a todos en un ámbito tan delicado para el país como el electoral.
Creo que inevitablemente entraríamos en una crisis política cuyo desenlace sería difícil de predecir, ya que surgiría un arreglo político que no sería reconocido por una parte significativa de los actores políticos.
Como en otras ocasiones, me parece que lo dicho en la mañanera en torno a lo que se ha denominado el “Plan B” de la Presidencia fue una ocurrencia surgida de las experiencias de las reformas respecto a la energía eléctrica y la Guardia Nacional.
Sin minimizarlas en absoluto, dichas reformas no tuvieron ni las implicaciones que tendría la de carácter político electoral ni generarían las reacciones que ya se pudieron apreciar con las marchas del domingo pasado.
Espero que el presidente reflexione y pondere que, al final de cuentas, no le conviene a él ni a su partido generar una crisis que pueda poner en riesgo la gobernabilidad del país.
Tal vez rodeado del círculo de los más radicales haya recibido esta sugerencia, sobre la base de lo que dicen las encuestas, pero creo que aún algunos políticos sensatos de Morena podrían entender la gravedad de las implicaciones de esta propuesta y poner en riesgo ni más ni menos que la estabilidad del país.
Veremos si desde ahora hasta el 1 de diciembre, fecha en la que dijo que habría de dar detalles, el presidente entra en razón.
