Quizás uno de los datos que más sorprendió a los analistas en el Paquete Económico para 2024 es la previsión de un déficit público de 4.9 por ciento del PIB, que será el nivel más alto desde 1990.
La sorpresa deriva de la percepción de que este gobierno había mantenido políticas fiscales conservadoras, que habían conducido a un déficit estimado de 3.3 por ciento del PIB para este año, que era el más alto de todo el sexenio.
Hay dos preguntas pertinentes que deben hacerse respecto a esta decisión de política fiscal.
La primera es la razón por la que se optó por un esquema de mayor endeudamiento en el último año de la actual administración. La segunda es si esa determinación podría poner en riesgo la estabilidad del país.
Vamos por partes.
Para el 2024, Hacienda estima que el sector público tendrá un gasto de 9 billones 22 mil millones de pesos, lo que será 4.3 por ciento superior en términos reales al del 2023.
Esto significa un desembolso de 368 mil 800 millones de pesos más.
El crecimiento iría más o menos a la par que el ritmo de la economía, tal vez un ponto o poco más, adelante.
De este monto, el incremento del costo financiero de la deuda, derivado de las mayores tasas de interés imperantes, representará el 36 por ciento del incremento total.
El gasto en pensiones crecerá en 7.3 por ciento en términos reales y su incremento significará otro 28 por ciento del aumento.
Hay presiones inerciales derivadas de compromisos contractuales y de cambios constitucionales, que limitan fuertemente el llamado “gasto discrecional”.
Ante esta circunstancia, la opción que tenía Hacienda era recortar fuertemente ese gasto o bien abrir un poco más la llave del déficit, para aumentarlo en un estimado de 1.6 puntos del PIB y pasar de 3.3 a 4.9 por ciento del PIB.
¿En qué medida este incremento representa un riesgo para la estabilidad del país?
Si la demanda de recursos por parte del sector público generara un efecto de escasez para los recursos disponibles para prestar al sector privado, podría generarse una situación de riesgo.
O bien, la otra circunstancia es la dimensión absoluta del déficit cuestionara a los mercados respecto a la capacidad de pago del sector público mexicano, creo que tendríamos en puerta una degradación de la deuda pública del país.
Creo que no es el caso.
Me parece que cuando las calificadoras hagan su análisis del Paquete Económico, manifestarán su desagrado por el incremento del déficit.
Pero al hacer su valoración del riesgo, sería sorpresivo que con un nivel de deuda pública del 48.8 por ciento pueda generarse un riesgo de crisis o degradación de la calificación.
Estados Unidos tiene una deuda pública que rebasa el 140 por ciento de su PIB; la mayor parte de los países de Europa está arriba del 100 por ciento. Y en América Latina, Brasil está sobre el 73 por ciento o Argentina sobre el 85 por ciento.
Las calificadoras tendrán la última palabra, pero dudo que este Paquete Económico vaya a conducir a una degradación de la deuda pública.
No obstante, la necesidad de echar mano de un mayor endeudamiento sí pondrá sobre la mesa el tema de la viabilidad de nuestro esquema fiscal en el mediano plazo porque las presiones del gasto inercial no se van a ir.
Las mayores eficiencias de la recaudación tienen límites.
De hecho, la estimación del crecimiento de los ingresos tributarios en términos reales sin considerar la captación de los IEPS en gasolinas es de apenas un 2.8 por ciento, más a menos a la par que el crecimiento de la economía.
Es decir, para incrementar la recaudación, ya no está dando de sí el actual esquema.
La secretaria de Economía, de acuerdo con el libro de Arturo Cano sobre Claudia Sheinbaum, le dijo que había márgenes adicionales de captación de recursos sin necesidad de una reforma fiscal.
Creo que al final de cuentas, habrá que hacer un análisis cuidadoso antes de que la próxima administración, gane quien gane, quede atrapada por la falta de recursos.
