Mientras el mundo arde y todos compartimos el temor de no saber hasta dónde puede llegar esta aventura de intentar demoler, una a una, las piedras que sostienen al régimen de los ayatolas en Irán, en México asistimos a un contraste inquietante. El planeta vive una etapa de enorme incertidumbre. Guerras, tensiones religiosas que vuelven a ocupar el centro de la política internacional, mercados energéticos sometidos a presiones constantes y un orden global que parece entrar en una fase de fractura.
En medio de ese escenario, en nuestro país el gran debate político gira alrededor de una decisión casi simbólica: reducir 500 millones de pesos al financiamiento de los partidos políticos e impulsar una reforma electoral que no tiene mucho beneficio más que el querido por Morena.
No es que el tema carezca de importancia. Pero resulta inevitable preguntarse si ese es realmente el tamaño de la discusión pública que corresponde a un país como México en un momento de profunda turbulencia internacional. El juego político parece haberse reducido demasiado. Demasiado para una nación que enfrenta desafíos mucho más complejos.
Dicho esto, tampoco sería justo cargar toda la responsabilidad sobre la presidenta Sheinbaum o sobre la clase política actual. Para comprender lo que ocurre hay que escarbar más profundo, porque parte de la explicación está en algo más antiguo, en la forma en que México ha aprendido históricamente a sobrevivir.
México es, ante todo, una civilización de resistencia. Un país que ha sobrevivido a imperios, a conquistas, a guerras internas y a profundas rupturas históricas. Un país que ha aprendido a convivir con la adversidad y a seguir adelante incluso cuando las estructuras políticas cambian de manera radical.
Ese vínculo con lo eterno explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, cómo una potencia pudo gobernar este territorio durante tres siglos sin lograr penetrar del todo en el alma profunda del país. México siempre ha tenido la capacidad de absorber las transformaciones sin perder su esencia histórica.
En medio de esa larga historia aparece una figura central del presente político. Andrés Manuel López Obrador no regresó de entre los muertos, sino de entre los vivos, para recordarle permanentemente a su sucesora que lo verdaderamente importante no es la técnica ni la ciencia, sino la continuidad del proyecto político que él encarnó.
No importa que ella sea científica. No importa que represente una generación distinta o que aspire a introducir un cierto racionalismo en la política. Dentro del movimiento, lo que realmente importa es la fidelidad al sueño original.
Un sueño que, como tantas revoluciones a lo largo de la historia, siempre termina chocando con la realidad.
Algo parecido ocurrió con la revolución cubana. Durante décadas muchos de sus defensores sostuvieron que el bloqueo estadounidense explicaba todas las carencias del sistema. Pero con el paso del tiempo incluso ese argumento ha perdido fuerza.
Hoy ni siquiera queda el consuelo de pensar que aquella revolución sigue siendo una lucha viva. Nadie parece luchar realmente por ella. Lo que queda es un aparato de poder que administra su propia supervivencia. Un sistema que durante décadas concentró el control del Estado y que ahora parece más preocupado por preservar su estructura económica que por renovar su legitimidad política.
La revolución cubana corre el riesgo de convertirse en una estética. Camisetas con el rostro del Che, consignas repetidas y muy poca revolución real en la vida cotidiana de la gente. También resulta difícil explicar cómo un sistema que durante años presumió tener uno de los mejores modelos educativos y sanitarios del mundo terminó con una economía debilitada, con infraestructura deteriorada y con una capital que muestra signos evidentes de desgaste.
La Habana, que alguna vez fue una de las ciudades más vibrantes de América Latina, hoy parece rendirse lentamente ante el peso de décadas de inmovilidad económica. Y lo hace sobre una realidad dura: una población empobrecida y una economía que durante años dependió de exportar servicios médicos o de desplegar personal en misiones internacionales cuyos ingresos terminaban siendo administrados por el propio Estado.
Algo similar ocurrió en su momento con las intervenciones militares cubanas en África, en conflictos como Angola o Mozambique, donde miles de soldados combatieron en nombre de revoluciones que otros no supieron hacer.
Si volvemos a México, el balance de nuestra propia revolución política reciente tampoco resulta especialmente épico. Lo más revolucionario que ha hecho hasta ahora la llamada Cuarta Transformación ha sido invertir enormes recursos públicos en proyectos que solo sus promotores parecían ver con claridad y que hoy siguen buscando una lógica económica convincente.
El Tren Maya es quizá el ejemplo más visible. Puede ser punto de discusión por razones ambientales, económicas o sociales. Pero también es cierto que, con una planificación empresarial rigurosa, con estímulos al consumo y con una estrategia turística bien diseñada, podría convertirse en una infraestructura relevante para el desarrollo de la región. Elementos de los que hoy claramente carece. Esta megaobra del sexenio de López Obrador revela la cara menos ambiciosa de esta ‘4T’: la improvisación, la falta de visión empresarial y la dificultad para convertir una gran inversión pública en una oportunidad económica real.
Llegar al aeropuerto de Cancún y trasladarse a la estación del Tren Maya puede convertirse en una pequeña epopeya. Un trayecto de apenas unos kilómetros puede costar varios cientos de pesos si se negocia en español. En inglés suele ser más caro. Y si el conductor percibe que el pasajero tiene recursos, el precio puede dispararse aún más.
No se trata de un abuso escondido. Es un sistema informal que opera prácticamente a la vista de todos. La explicación habitual es que los taxis deben pagar cuotas elevadas para poder entrar al aeropuerto. Pero el resultado final es el mismo: el visitante se enfrenta desde el primer momento a una experiencia poco digna para uno de los principales destinos turísticos del país.
Cuando finalmente se llega a la estación del tren, la impresión tampoco es especialmente alentadora. En contraste con otras estaciones mejor terminadas, como la de Mérida, la de Cancún parece todavía incompleta. Hay estructuras visibles, pocos servicios y prácticamente ningún estímulo para el consumo.
Lo que sí aparece con claridad es la presencia constante de la Guardia Nacional. Sus integrantes custodian la infraestructura, organizan el acceso de los pasajeros y vigilan el funcionamiento de la estación. El procedimiento es simple: esperar, colocarse detrás de una línea amarilla, pasar una revisión y finalmente abordar el tren.
Todo funciona. Pero deja una sensación extraña. Nadie parece preguntarse seriamente cómo convertir esa inmensa inversión de recursos – y todo el daño ecológico para hacerla realidad – en un motor económico. Nadie parece preguntarse cómo justificar ante los mexicanos los miles de millones de pesos que se han invertido en el proyecto.
Mientras tanto, en muchas carreteras del país —donde los asaltos siguen siendo una amenaza cotidiana— la presencia de la Guardia Nacional se echa de menos. Nadie sabe con precisión cuál es hoy su función principal ni cómo se distribuyen realmente sus capacidades en el territorio. A lo mucho, aparecen en las noticias como consecuencia de enfrentamientos con el crimen organizado, donde algunos de sus integrantes pierden la vida.
Pero en la vida cotidiana sigue siendo difícil descifrar cuál ha sido el beneficio de otra de las grandes apuestas del sexenio anterior: la militarización de la seguridad pública y la transformación del país en un sistema donde la policía terminó siendo, en buena medida, militar. Una transformación profunda del Estado mexicano cuyos resultados, hasta ahora, siguen siendo objeto de debate.
Nuestra revolución parece haberse convertido, al final, en la revolución de lo pequeño. Una revolución de enormes inversiones públicas atrapadas en una lógica burocrática que rara vez logra traducirse en prosperidad real.