La encuesta de El Financiero, realizada en el mes de septiembre y publicada ayer en estas páginas, arroja, una vez más, un contraste muy llamativo de la opinión pública nacional: la expresión de un amplio apoyo a la presidenta Sheinbaum (70 por ciento de las personas aprueba su gestión y 30 por ciento la desaprueba), y una amplia evaluación negativa sobre el manejo de la seguridad pública (27 por ciento dio una calificación favorable al gobierno en ese rubro y 64 por ciento una calificación desfavorable).
El saldo neto de esas dos distribuciones de opiniones es de 40 puntos positivos en la aprobación y de 37 puntos negativos en el desempeño en seguridad.
La pregunta que suele hacerse es por qué se da esta discrepancia y, más específicamente, por qué tal nivel de insatisfacción con el manejo de la seguridad pública no reduce el apoyo a la presidenta.
Además, hay que añadir que la inseguridad se ha mantenido en las percepciones públicas como el principal problema del país desde hace ya algún tiempo, y ciertamente a lo largo de los dos primeros años de gobierno de Sheinbaum.
Para abonar al análisis de este “rompecabezas” de la opinión pública nacional, la encuesta de septiembre agrega otro dato: la calificación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre otros miembros del gabinete incluidos en el sondeo.
Sería esperable que, dado que el manejo de la seguridad pública sale mal calificado, las calificaciones al secretario de Seguridad también debieran ir en esa misma dirección.
Sin embargo, la encuesta arroja un dato bastante favorable a la labor que está haciendo García Harfuch: 63 por ciento de las personas entrevistadas le dio una calificación buena o muy buena, mientras que 30 por ciento le dio una calificación mala o muy mala. Es casi la imagen inversa de las evaluaciones sobre el manejo de la seguridad pública.
Estos contrastes son muy interesantes y se prestan a diversas interpretaciones, una de ellas ya la he comentado en este espacio anteriormente: el resultado mayormente negativo en materia de seguridad refleja una clara exigencia ciudadana para lidiar con ese problema de manera urgente y efectiva; el resultado mayormente positivo hacia la presidenta y su secretario de seguridad refleja un amplio apoyo ciudadano para que lleven a cabo esa labor. Exigencia y apoyo no están peleados.
Hay quien podría ver esto como una contradicción, pero son datos entendiblemente complementarios. Las mediciones de la opinión pública reflejan no solamente la pluralidad de nuestra sociedad, sino también la complejidad de nuestros razonamientos en colectivo.
PODERES DE LA UNIÓN
Otros datos que la encuesta de ayer también ofrece son los relativos a la aprobación de las dos cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según el estudio, la Corte obtuvo un 53 por ciento de aprobación en el mes de septiembre, manteniendo el mismo nivel que se había registrado en junio de 2025, según se reportó en la publicación de ayer.
Si bien la Corte mantuvo su apoyo, en el caso del Poder Legislativo federal la aprobación bajó en ese mismo lapso: la labor de la Cámara de Diputados la aprueba el 44 por ciento, 10 puntos menos que el 54 por ciento de aprobación registrado en junio de 2025, y la labor de la Cámara de Senadores la aprueba el 41 por ciento, 9 puntos menos que en la medición anterior.
Estos niveles de aprobación al Legislativo no son inusuales, y bien podría decirse que, después de registrar buenos números en 2025, quizás como parte del periodo de luna de miel institucional de las elecciones del año previo, volvieron a sus niveles usuales.
Lo que llama más la atención es el apoyo mayoritario y estable a la Suprema Corte de Justicia, el cual se ha mantenido durante el último año, después de la Reforma Judicial. Al parecer, en términos reputacionales, la Corte ahí la lleva.