Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno mandará a hacer una encuesta sobre los contenidos de la reforma electoral.
Encuestar desde el gobierno para asistir las políticas públicas y cambios a las leyes e instituciones puede tener distintas facetas democráticas.
Las encuestas permiten conocer las opiniones, preocupaciones, preferencias, posturas, y, en general, el sentir o sentires de la ciudadanía sobre diversas temáticas de interés público. Recabar esa información de forma profesional y discutirla de manera pública tiene un aura democrática.
No obstante, plantear preguntas en una encuesta de forma inadecuada podría derivar en un ejercicio meramente de apoyo o legitimación política a una agenda predeterminada, y no una búsqueda o consideración de los sentires ciudadanos.
Ya veremos los contenidos específicos de la propuesta de reforma, pero tomemos un tema esperable: la reducción de costos de las elecciones y el financiamiento de los partidos políticos.
Imagine esta pregunta: “¿Está usted a favor o en contra de reducir costos?” Después de la frase “reducir costos” usted puede poner casi cualquier asunto o temática y lo más probable es que una encuesta arroje un amplio apoyo a la reducción de costos, sin importar en qué.
Ese tipo de preguntas reflejan los llamados temas de valencia (o valence issues, como suelen llamarse en la literatura de opinión pública y encuestas), que se refieren a temas o asuntos en los que las opiniones o preferencias están más o menos consensuadas: reducir costos, procurar más seguridad, lograr un mayor bienestar. Por su naturaleza, esas preguntas suelen arrojar porcentajes abrumadoramente altos a favor de las temáticas planteadas.
Por si fuera poco, un planteamiento sesgado de la pregunta puede inducir las respuestas y ampliar todavía más el apoyo. “¿Qué opinas de que los partidos se lleven tantos miles de millones de pesos?”, dijo la presidenta Sheinbaum como ejemplo de pregunta para la encuesta.
No es que ese vaya a ser el fraseo final, pero suponiendo que se planteara algo por el estilo, podríamos esperar desde ya un amplio rechazo al financiamiento público de los partidos políticos, que de por sí cuentan con una imagen negativa. El principio de la justa medianía aplica aquí también, con un adecuado y balanceado planteamiento de preguntas.
En las encuestas, los temas de valencia (valence issues) suelen confirmar que la gente prefiere y apoya principios o fines generales como reducir costos.
Pero el rediseño del sistema político electoral también debe plantear temas de posicionamiento, de preferencia y de conveniencia, especialmente para la ciudadanía (los denominados positional issues, que enfatizan los medios y no sólo los fines).
¿Qué beneficios trae y qué sacrificios implica reducir los costos de los partidos o reducir o eliminar los plurinominales en el Congreso? ¿Qué se gana y qué se pierde, cuáles son las ventajas y las desventajas, qué puede resultar correcto aunque en principio pueda parecer injusto? ¿Qué está dispuesta la ciudadanía a financiar públicamente a cambio de qué beneficios para la democracia, para sus derechos y libertades, y para las mejoras en la representación política?
Plantear preguntas de posicionamiento y medios, no sólo fines, es mucho más complicado, pero también muy enriquecedor para la discusión y diseño de la reforma electoral.
La reforma electoral no debiera ser tan sólo un asunto de reducción de costos, sino de consolidar los derechos y libertades democráticas, la competencia política, la transparencia, la representación política, la debida traducción de votos en escaños, la vinculación de la ciudadanía con los partidos, la rendición de cuentas, entre otros aspectos.
Lo deseable es ver propuestas de reforma que se centren en las y los ciudadanos, en su empoderamiento democrático, en su participación, en salvaguardar sus derechos y libertades, y no sólo una reforma que se centre en los partidos, las alianzas o los gobiernos.
Una encuesta del gobierno para la reforma electoral debiera tener ese enfoque, qué quieren y qué conviene a los ciudadanos para fortalecer sus mecanismos de democracia y elección. No una encuesta para medir el grado de apoyo a las ideas o visiones de una comisión o de un gobierno. En eso radicaría su aura democrática, en conocer las preferencias y necesidades de la ciudadanía, y no solamente en medir los niveles de apoyo o rechazo a un diseño específico.