Nación321 quiere conocer y dar a conocer qué piensan los jóvenes en México. Con este fin abrimos NUEVAS IDEAS, un espacio para que escriban sus puntos de vista sobre la realidad que vive nuestro país y su historia. El tema de hoy es el 2 de octubre de 1968. La responsabilidad sobre esta información es exclusivamente del autor.
Cincuenta años se cumplen desde que la juventud mexicana salió a las calles a marchar para exigirle al gobierno el respeto que los valores propios de un régimen verdaderamente democrático merecían; de demandarle soluciones y atención al uso de la fuerza militar y policial injustificada en contra de sus estudiantes universitarios. Una serie de demostraciones de actos de rebelión pacíficos que hoy conocemos en su conjunto como el Movimiento Estudiantil del 68.
Aunque es imposible rastrear el origen exacto del conflicto político que hubo entre las autoridades y los estudiantes universitarios mexicanos durante el verano de 1968, podemos afirmar que no fue un caso aislado o exclusivo de la sociedad de nuestro país.
Fue también el reflejo del despertar de los jóvenes en todo el mundo que marcharon y se rebelaron en contra de los regímenes autoritarios a los que se enfrentaban, no muy distintos a aquel que vivíamos en México bajo el poder hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En Estados Unidos, por ejemplo, hubo protestas en contra de la Guerra de Vietnam y como respuesta a los asesinatos de líderes como Martin Luther King y Robert Kennedy.
En Francia, estudiantes universitarios llevaron a cabo en París la serie de protestas que se conocería más tarde como el Mayo del 68. Y no muy lejos al sur, en Uruguay, también ocurrieron movilizaciones estudiantiles conocidas como el 68 uruguayo.
En el caso de México, estudiantes universitarios de diversas instituciones marcharon en contra de la represión y respuesta armada de las fuerzas policial y militar a las marchas que se vivieron a lo largo de nueve semanas y que tendrían un trágico desenlace el día 2 de octubre; un evento que vive en la memoria de los mexicanos y que hoy conocemos como la masacre de Tlatelolco.
Sin embargo, algo que diferenció el Movimiento Estudiantil del 68 de aquellos similares que ocurrieron en el resto del mundo, fue la ocupación militar de la casa máxima de estudios del país, la cual transgredía la autonomía que le garantizaba la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expedida en 1944 por el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y que tendría un sello distintivo para el desarrollo y desenlace del movimiento.
La primera manifestación que se inscribe en el Movimiento del 68 ocurrió en la Ciudad de México a causa de una riña entre estudiantes de bachillerato. El 23 de julio, alumnos de las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México y las escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tuvieron un enfrentamiento en el centro de la Ciudad de México que escaló a un ataque a las instalaciones de la escuela vocacional 2.
Ante esta situación, un grupo de granaderos intervino en la pelea campal, quienes más que mediadores de la situación, actuaron como provocadores de los alumnos.
De acuerdo a Elías Chávez, periodista y fotógrafo de El Universal, los granaderos “volvían a provocar a los estudiantes y, cuando éstos se envalentonaban, las bombas lacrimógenas y las macanas de los uniformados caían sobre los muchachos”.
El abuso de los granaderos generó descontento entre la comunidad estudiantil politécnica, quien tenía entonces el control de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), y la cual reaccionó acordando un paro estudiantil y posteriormente una manifestación de estudiantes en protesta de la intervención policiaca durante la pelea entre el alumnado de las preparatorias de la UNAM y el de las vocacionales del IPN.
Esta manifestación tuvo lugar, con el permiso de la Dirección de Gobernación del Departamento del Distrito Federal, el día 26 de julio y ocurrió de manera paralela una marcha organizada por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) para conmemorar la Revolución Cubana.
Esta manifestación fue reprimida de manera violenta por el cuerpo de la policía de la Ciudad de México.
Como respuesta al uso de la fuerza, durante las semanas siguientes, los estudiantes saldrían de nuevo a las calles a marchar, desatando una serie de conflictos entre la comunidad de las universidades mexicanas y el cuerpo policial y militar, en donde los participantes no vislumbraban la posibilidad de que el gobierno mexicano no diera atención a las expresiones masivas y movimientos organizados en los que participaban, no sólo estudiantes, sino profesores, intelectuales y profesionistas.
En el marco de esta serie de movilizaciones sociales, el entonces rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, tuvo un papel fundamental dentro del movimiento.
Para el 31 de julio, el rector se encontró ante la disyuntiva de, por un lado, otorgar su apoyo al movimiento estudiantil y dar una respuesta clara a la transgresión que estaba sufriendo la universidad a su cargo, núcleo de las congregaciones y reuniones de los estudiantes, o bien, adoptar una postura más sumisa que además de agregarle capital político, afirmaría su acuerdo con las acciones que el gobierno había llevado a cabo hasta entonces.
El 1 de agosto, la decisión del rector Barros Sierra manifestó su compromiso con la defensa de su universidad y su desconformidad con el incumplimiento ilegal de los valores democráticos en México, al encabezar la manifestación que fue desde Ciudad Universitaria, hasta la esquina de Insurgentes y Félix Cuevas y de regreso por Avenida Universidad a la UNAM.
Al finalizar la marcha, el rector realizó la primera demostración pública del movimiento al ondear la bandera nacional y entonar nuestro Himno, y refrendó además su compromiso con el movimiento a través de un discurso en el que finalizó con la promesa de “continuar luchando por los estudiantes presos, contra la represión y por la libertad de la educación en México”.
Un día después se formaría el Consejo Nacional de Huelga (CNH), conformado por estudiantes y maestros de universidades estatales, las escuelas normales, algunas universidades privadas y el Colegio de México. Sin embargo, el liderazgo del rector no sería suficiente para lograr una mediación entre la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz y los estudiantes universitarios.
Las manifestaciones y el abuso de las autoridades continuaron a lo largo del mes de agosto y extendiéndose al 10 de septiembre, día en el que el CNH decidió llevar a cabo una manifestación silenciosa que terminaría simbolizando una especie de triunfo moral para el movimiento que le dio a sus participantes ánimo e impulso en los días siguientes. Breve periodo en el que se dio un impasse en el que incluso el Consejo Nacional de Huelga decidió tener una celebración del 15 de septiembre dentro de Ciudad Universitaria.
A pesar de ello, tres días después, el presidente Díaz Ordaz tomaría una decisión que cambiaría el curso del movimiento y que lo separaría de aquellos que ocurrieron alrededor del mundo.
El 18 de septiembre, aproximadamente diez mil soldados del ejército nacional, transportes ligeros y tanques equipados rodearon Ciudad Universitaria y sus edificios principales. Los perpetradores ingresaron y allanaron la rectoría e incluso obligaron al entonces secretario auxiliar de la Universidad, Jorge Ampudia, a entregar las llaves de la torre de rectoría.
Después de obtener por la fuerza acceso a todos los edificios, los soldados recorrieron Ciudad Universitaria y dieron trato de criminales a maestros, padres de familia, estudiantes e incluso personas que se encontraban a los alrededores del campus universitario.
Este acto ilegal resultó en mil quinientas detenciones y en un show marcial en donde, en palabras del líder estudiantil Gilberto Guevara “los vehículos militares fueron dispuestos alrededor del Estadio Olímpico y la tropa formó una cadena continua que, metro a metro, se extendió a lo largo de Avenida Insurgentes y llegó hasta Periférico”.
Aunque no era la primera vez que el ejército ingresaba a Ciudad Universitaria, en esta ocasión la ocupación militar se insertaba en un movimiento organizado que se había convertido para este momento en la lucha por derechos civiles y sociales para la sociedad mexicana en su conjunto.
El uso excesivo de la fuerza únicamente reforzaba la imagen autoritaria del Estado mexicano y el nivel de represión al que era capaz de llegar, incluso si esto había significado golpear, herir y detener al alumnado, profesorado y quienes se encontraban esa noche del 18 de septiembre en campus de la UNAM. La razón detrás de la toma violenta de la Universidad no podía ser más que el acto desesperado de un gobierno que sería anfitrión de los Juegos Olímpicos veinticuatro días después.
El movimiento se había consolidado ya en la imagen de una sociedad inconforme y que dejaba al descubierto la debilidad del sistema mexicano, del partido gobernante; y que podía poner en ridículo al presidente Gustavo Díaz Ordaz ante la opinión pública internacional.
La estructura orgánica del movimiento significaba un riesgo muy grande ante los ojos del resto del mundo, pero su represión desmesurada será algo que el gobierno mexicano no fue capaz de justificar, pues las autoridades de la UNAM no lo habían solicitado, ni había tenido lugar ninguna situación de emergencia que ameritara la entrada del ejército en Ciudad Universitaria.
Las consecuencias de la ocupación militar no tardarían en hacerse notar, pues unos días después, como era de esperarse, las acciones y la postura de Javier Barros Sierra serían fuertemente criticadas por legisladores priístas y medios e intelectuales oficialistas.
El rector se había vuelto un líder del movimiento y un símbolo que rompió con la imagen de uniformidad del gobierno hegemónico del PRI en el país. La presión ejercida por estos ataques tuvo como resultado la renuncia de Barros Sierra a la rectoría de la UNAM el día 23 de septiembre. Esta situación generaría un dinámico choque de opiniones y declaraciones entre la sociedad mexicana.
No obstante, la Junta de Gobierno de la UNAM no aceptaría su renuncia, argumentando que era una infinidad el número de cartas y peticiones que habían recibido para que rechazaran la decisión del rector.
Asimismo, la ocupación militar y la discusión sobre las acciones del ingeniero Barros Sierra sacarían a la luz las disensiones que empezaban a tener cabida dentro del PRI, pues el abogado internacionalista con 38 años de militancia príista, Raúl Cervantes Ahumada renunciaría al Partido y condenaría el acto de agresión cometido en contra de la UNAM.
Igualmente, el intelectual oficial, Manuel Moreno Sánchez, escribiría para el periódico Excélsior una crítica rotunda a la toma del ejército de C.U. y un reconocimiento al espíritu revolucionario y democrático de los miembros del Movimiento estudiantil.
A este acontecimiento le siguió un aumento en el tamaño en las manifestaciones, en donde 15 mil estudiantes universitarios marcharon a manera de protesta de la ocupación del campus universitario de la UNAM, y que culminarían con la salida del ejército de Ciudad Universitaria el 1 de octubre.
Un día después, miles de personas se reunirían en la Plaza de las Tres Culturas y serían víctimas de uno de los episodios más oscuros de la historia de nuestro país.
A 50 años de la Masacre de Tlatelolco, el papel del Estado y su relación con los movimientos sociales y la comunidad estudiantil sigue sin regirse bajo el respeto de las libertades y derechos que se exigían ese verano del 68.
El ejército y el uso de la fuerza continúa siendo la respuesta del gobierno a las movilizaciones que ocurren en el país de manera cotidiana y que demandan mejores condiciones de vida, igualdad de oportunidades o que simplemente exigen justicia.
La intervención militar a Ciudad Universitaria es el reflejo de la intolerancia del gobierno mexicano ante las marchas realizadas por estudiantes y el elemento que hace cincuenta años distinguieron al Movimiento del 68 de aquellos que ocurrieron en otros países del mundo durante la misma época.
