El nuevo veto migratorio de Trump sufre su primer revés judicial

Presidente.
El mandatario busca cerrar la frontera estadounidense a países de mayoría musulmana
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El mandatario busca cerrar la frontera estadounidense a países de mayoría musulmana

El nuevo veto migratorio de Trump sufre su primer revés judicial

Presidente.El mandatario busca cerrar la frontera estadounidense a países de mayoría musulmana
AFP
2017-03-11 |12:25 Hrs.Actualización14:12 Hrs.
CREEMOS QUE IMPORTA POR...

Porque el veto pasado se echó para atrás, ¿pasará de nuevo?

El nuevo decreto migratorio de Donald Trump ya tuvo su primer revés. Esto luego de que un juez federal suspendiera provisionalmente la medida para la esposa e hijo de un refugiado sirio en Estados Unidos.

El juez federal de Wisconsin, William Conley, emitió un un fallo preliminar el cual se aplicará únicamente a un sirio, quien había recibido el asilo en el país, y a su familia, esto por considerar que "corren el riesgo de sufrir un daño irreparable" si se aplica el decreto. El refugiado sirio pidió mantener su identidad en reserva porque su esposa e hijo aún viven en Alepo. 

Es la primera medida judicial contra el nuevo decreto de Trump para cerrar temporalmente las fronteras estadounidenses a los refugiados y a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. El decreto prohíbe el ingreso de los refugiados durante 120 días y la entrega de visados durante 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

Se trata de una versión modificada del decreto implementado el 27 de enero, el cual terminó siendo suspendido el 3 de febrero por un juez federal de Seattle después de que provocara una ola de indignación en el mundo.

El juzgado de Wisconsin estableció una audiencia para el 21 de marzo, y admitiendo posibles "diferencias importantes" entre las dos versiones del decreto, indicó que los argumentos que favorecen la suspensión podrían ser confrontados por "otros tribunales".

Organizaciones defensoras de los derechos civiles, y varios estados como Washington, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva York y Oregon, emprendieron una batalla legal contra el decreto anunciando o introduciendo nuevos recursos en los tribunales federales.

La Casa Blanca defiende el decreto para reforzar la seguridad nacional y aplicar una política de "verificación extrema" en las fronteras para impedir las infiltraciones de extremistas yihadistas.