El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancias a cambio de una participación en ingresos o productos.
Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto. Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.
“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, comentó Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas. “El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.
El cambio es notorio en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social. No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación del año pasado de una ley “anti-bloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión. El Gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.
Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien inició la revolución socialista al confiscar más de mil empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.
Sin embargo, las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción. Entre eso y las recientes sanciones de Estados Unidos, que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.
Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por evitar la ruina.
“El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, consideró Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela. “Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”.
Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.
Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EU, que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.
Los ministerios de Agricultura e Información no respondieron a solicitudes de comentarios.
Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.
Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera. PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.
Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.
La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país.
Con información de Bloomberg
