¡Una verdadera historía!
Brayan Sánchez, un migrante hondureño, que asegura contar con permiso de trabajo y licencia para conducir camiones en Estados Unidos, pasó de dirigirse a su empleo en Miami a permanecer encerrado en un país africano, desde donde denuncia las condiciones en las que vive tras ser deportado por la administración del presidente Donald Trump.
Su caso forma parte del grupo de migrantes latinoamericanos enviados al continente africano bajo el esquema de ‘tercer país seguro’, una política impulsada por el gobierno estadounidense para trasladar a extranjeros a otras naciones mientras se define su situación migratoria.
ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS
De acuerdo con el testimonio de Brayan Sánchez, todo comenzó el 12 de mayo de 2026, cuando fue detenido por agentes migratorios mientras se dirigía a su trabajo en Florida. Junto con él fueron arrestadas otras 30 personas, entre ellas cuatro ciudadanos cubanos y un ecuatoriano.
“Yo estaba normal con mi permiso de trabajo, mi licencia de camiones, estaba relajado trabajando y nunca pensé que iba a llegar a buscarme”, relató.
Tras su arresto fue trasladado a Texas, donde permaneció retenido durante más de ocho semanas antes de ser deportado.
Sánchez explicó que fue enviado a un país africano a través del acuerdo de ‘tercer país seguro’. Desde el 31 de julio, él y otros migrantes permanecen alojados en un inmueble del que, según denuncian, apenas pueden salir.
A través de videos grabados de forma clandestina, el hondureño mostró las condiciones del lugar y aseguró que enfrentan escasez de agua potable, problemas con el suministro eléctrico y enfermedades presuntamente relacionadas con los alimentos.
“Entonces, fuimos a preguntarles a ellos por el agua, la luz, y dicen: ‘No, esto es África’. Esas son las respuestas que nos dan”, afirmó.
Además de las condiciones materiales, los migrantes denuncian que enfrentan la barrera del idioma y la falta de información oficial sobre su situación.
Hasta el momento, no hay comunicados oficiales sobre la situación de Brayan y el resto de los latinoamericanos deportados que han solicitado apoyo tanto a las autoridades de sus países como de congresistas estadounidenses para conocer cuál será su futuro.
