Las denuncias de abuso sexual y tortura contra fuerzas israelíes escalaron tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria que intentaba llegar a Gaza con alimentos, medicinas y suministros.
Activistas, periodistas y representantes legales acusaron a militares y custodios israelíes de cometer agresiones físicas, humillaciones sexuales y presuntas violaciones durante el tiempo que permanecieron detenidos.
De acuerdo con testimonios recabados por la organización israelí de derechos humanos Adalah y por la propia flotilla, los detenidos fueron golpeados, sometidos con pistolas taser, obligados a permanecer arrodillados y retenidos en contenedores acondicionados como prisiones improvisadas.
La Flotilla Global Sumud aseguró haber documentado al menos 15 casos de abuso sexual, incluidos desnudos forzados, tocamientos, agresiones en genitales y denuncias de violación con objetos.
Entre los testimonios más graves está el de la activista australiana Juliet Lamont, quien afirmó haber sido golpeada y agredida sexualmente por varios hombres mientras permanecía retenida en un “barco prisión” israelí.
Mientras que otros activistas provenientes de Grecia, Turquía, Italia y España también denunciaron golpizas, amenazas y maltrato sistemático durante los traslados y procesos de detención.
Gobiernos europeos y Canadá calificaron como graves las denuncias y exigieron investigaciones. Incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se deslindó públicamente del manejo mediático de los detenidos.
Por su parte, el Servicio Penitenciario de Israel y las Fuerzas de Defensa israelíes rechazaron las acusaciones y aseguraron que los detenidos fueron tratados conforme a la ley. Sin embargo, abogados y activistas insisten en que existen testimonios, lesiones físicas y registros médicos que respaldan las denuncias.
