El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que en México existen indicios de que las desapariciones forzadas se han cometido de manera sistemática, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad, y decidió escalar el caso ante la Asamblea General del organismo.
En una determinación adoptada bajo el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, el Comité señaló que la información recabada durante años apunta a la existencia de “ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil” en distintas regiones del país y en diferentes momentos, un elemento clave para considerar este tipo de delitos bajo el derecho internacional.
«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
A partir de esta valoración, el organismo determinó solicitar al Secretario General de la ONU que lleve el caso a la Asamblea General, con el fin de que se analicen medidas de apoyo internacional para México en tareas de prevención, investigación y sanción de este delito.
El Comité precisó que este procedimiento no busca establecer responsabilidades penales individuales, sino activar mecanismos de atención internacional ante una situación que considera grave. Para sustentar su decisión, tomó en cuenta información de organizaciones civiles, datos oficiales, su visita al país en 2021 y reportes acumulados desde 2012.
En su análisis, el organismo también abordó el debate sobre la responsabilidad en estos casos. Aunque reconoció la postura del Estado mexicano de que muchas desapariciones son cometidas por grupos criminales, advirtió que ha recibido reportes con “información fundamentada” sobre la posible participación directa de funcionarios públicos o su tolerancia.
Asimismo, subrayó que, conforme al derecho internacional, estos crímenes no requieren necesariamente la intervención directa del Estado para ser considerados de lesa humanidad, ya que pueden ser perpetrados por organizaciones —incluidos grupos no estatales— siempre que formen parte de un patrón sistemático de violencia contra la población.
El Comité también alertó sobre la magnitud del problema. Señaló que, aunque el registro oficial no distingue con claridad cuántos casos corresponden específicamente a desapariciones forzadas, las cifras disponibles reflejan una crisis de gran escala. Entre los datos citados destacan el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con miles de cuerpos y restos humanos, así como decenas de miles de personas no identificadas.
Pese a las acciones emprendidas en los últimos años, el organismo consideró que no hay evidencia de una mejora sustancial en la situación y advirtió que las instituciones encargadas siguen rebasadas.
Finalmente, el Comité planteó la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado mexicano mediante cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo en labores de búsqueda, identificación forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para garantizar verdad, justicia y protección a víctimas y familiares.
