El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero enfrentará su juicio el próximo 8 de marzo de 2027 en una corte federal de Estados Unidos, como parte del proceso que se sigue en su contra por múltiples cargos, entre ellos el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena.
La fecha fue definida tras una audiencia de seguimiento realizada en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, donde el acusado —de 73 años— compareció sin emitir reacción mientras escuchaba el desarrollo de la sesión. De manera preliminar, se prevé una nueva audiencia el 17 de junio.
En este proceso, la fiscalía estadounidense ha dejado claro que no contempla abrir negociaciones con el acusado y que buscará una sentencia de cadena perpetua en caso de que sea declarado culpable. Aunque la defensa no descarta que pueda haber una “resolución” que evite llegar a juicio, hasta ahora el caso avanza bajo la ruta judicial ordinaria.
Caro Quintero se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante el juez Brian Cogan, y enfrenta cargos que también involucran a su sobrino, Ismael Quintero Arellano. Desde su presentación ante el tribunal en febrero de 2025 —tras ser extraditado junto con otros 28 narcotraficantes—, el caso ha sido seguido de cerca por la agencia antidrogas estadounidense (DEA), cuyos agentes han estado presentes en las audiencias.
El proceso judicial está directamente vinculado al asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, un hecho que marcó un punto de quiebre en la relación bilateral en materia de combate al narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones, el agente fue secuestrado en Guadalajara y sometido a tortura durante más de 30 horas antes de ser asesinado, presuntamente por órdenes de Caro Quintero.
Considerado uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, fue detenido inicialmente en 1985 y sentenciado en México a 40 años de prisión. Sin embargo, en 2013 fue liberado por un tecnicismo legal, lo que generó tensiones con Estados Unidos.
Autoridades estadounidenses han señalado que este caso busca sentar un precedente, reiterando que “nadie se escapa de la justicia estadunidense”, en referencia a la persecución de responsables de delitos de alto impacto, incluso décadas después de haber sido cometidos.
