El Congreso de El Salvador, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó este martes 17 de marzo una reforma constitucional con el fin de establecer la cadena perpetua, en un país que ha encarcelado a más del 1% de su población en su guerra contra las pandillas.
La iniciativa fue aprobada con los votos de 59 de los 60 diputados, incluyendo dos de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La diputada del conservador partido VAMOS, Claudia Ortiz, fue la única en votar en contra.
Durante el debate, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, explicó que esta reforma se aplicará a quienes hayan cometido homicidios, feminicidios y violaciones. Agregó que la iniciativa pone al centro el “derecho de vivir sin miedo”.
La reforma pasó a estudio de la Comisión Política que deberá discutirla y ratificarla la proxima plenaria programada para el martes.
Horas antes, el presidente Bukele había anunciado en su cuenta de X que su gabinete de seguridad estaba presentando una reforma sobre la cadena perpetua, prohibida en la Carta Fudamental.
Esto ocurre tras varias rondas de reformas constitucionales impulsadas por Bukele, las cuales han sido duramente criticadas por quienes consideran que debilitan el sistema de pesos y contrapesos, que socavan la frágil democracia del país.
“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, señaló el mandatario.
En julio 2025, el gobierno impulsó otra reforma que eliminaría los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.
La reforma propuesta se basa en otras medidas que Bukele ha tomado en su guerra contra las pandillas salvadoreñas, la cual comenzó cuando declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 tras una ola de violencia pandillera.
Esta medida, inicialmente temporal y prorrogada por casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha provocado la detención de alrededor de 91 mil 300 personas en El Salvador. Bukele ha afirmado que 8 mil personas inocentes han sido liberadas.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias durante años, e incluso una de ellas denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la gran mayoría de los encarcelados bajo el estado de emergencia fueron detenidos arbitrariamente. Bukele criticó duramente esta acusación.
Durante la represión, el gobierno de Bukele también ha perseguido a sus enemigos, deteniendo a críticos y activistas, obligando cada vez más a periodistas y voces de la oposición a elegir entre el exilio o la prisión. Se encuentran recluidos en prisiones con escasas pruebas, bajo acusaciones vagas por parte de las autoridades y con muy poco acceso a un debido proceso. Los presos suelen ser juzgados en juicios colectivos y los abogados pierden con frecuencia el rastro de sus clientes.
Funcionarios del gobierno de Bukele han prometido anteriormente que los pandilleros detenidos “jamás volverán” a las calles.
