Guatemala, el vecino al sur de México, pasa por momentos de tensión política y social que tienen al país en una situación compleja que intenta poner orden.
Y es que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo declaró, el pasado domingo 18 de enero, un estado de sitio de 30 días, luego que presuntos pandilleros asesinaron a siete policías en la capital de Guatemala en una aparente represalia porque las autoridades retomaron el control en el suroeste del país de una de las tres prisiones de máxima seguridad donde los reclusos se habían amotinado y tomado rehenes el día anterior.
Los ataques contra la policía en Ciudad de Guatemala y sus alrededores ocurrieron después que cientos de agentes antidisturbios irrumpieron en la prisión de Renovación, en Escuintla, a unos 76 kilómetros al suroeste de la capital, para liberar a nueve guardias que habían sido tomados como rehenes allí.
En ese sentido, en Nación321 te explicamos qué implica que el gobierno de Arévalo haya decretado esta situación contemplada en su Constitución.
De acuerdo con las leyes guatemaltecas, el estado de sitio es una disposición establecida mediante el Decreto 7 que dicta la Ley de Orden Público que pone ciertas restricciones a garantías constitucionales cuando existen problemas graves, donde la seguridad y el orden público se ven fuertemente afectados.
Por tanto, para los habitantes se restringe la plena vigencia de los derechos como la libertad de acción y las personas están obligadas a acatar las órdenes de las autoridades, y que permite la detención legal de toda persona que no acate las normativas a través de las fuerzas de seguridad y el Ejército.
También se limita el derecho de reunión y manifestación, se prohíbe toda clase de marchas y manifestaciones, entre otros; asimismo, prohíbe la tenencia y portación de armas. El artículo 26 prohíbe la libertad de locomoción, se prohíbe transitar en horario no establecido y habrá puestos de registros en áreas estratégicas del país.
La declaratoria de estado de sitio se establece al considerar y determinar, por una serie de acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes cuando se registran ataques contra particulares derivado de la disputa de territorio y otro tipo de conflictos que “afectan a familias y la comunidad, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad , la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios”.
Si bien el Presidente mandó el decreto, el Congreso debe aprobar dicha medida, como lo ocurrió las últimas horas, cuando se justificó el estadio de sitio por “la existencia de acciones coordinadas de grupos autodenominados maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles”.
Las fuerzas de seguridad también podrán prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares determinados o someterlos a registro.
El presidente también ordenó, por prevención, la suspensión de las clases en todo el país y la restricción de visitas a hospitales públicos. Instituciones del sistema de justicia también optaron por suspender sus actividades.
La policía reforzó la seguridad en varias prisiones y aumentó las tareas conjuntas de patrullaje con el ejército.
Con información de AP y del Gobierno de Guatemala
