Agentes del FBI registraron la casa de una reportera del Washington Post el pasado miércoles 14 de enero, como parte de una investigación sobre un contratista del Pentágono acusado de llevarse a casa información clasificada, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A Hannah Natanson, quien ha cubierto la transformación del gobierno federal bajo el gobierno del presidente Donald Trump, se le confiscó un teléfono, dos laptops y un reloj Garmin durante el registro de su casa en Virginia, reportó el Post. Natanson ha informado extensamente sobre la fuerza laboral federal y recientemente publicó un artículo donde describe cómo consiguió cientos de nuevas fuentes, lo que llevó a un colega a llamarla “la apaciguadora del gobierno federal”.
Aunque las investigaciones sobre documentos clasificados no son inusuales, el registro de la casa de una reportera marca una escalada en los esfuerzos del gobierno para reprimir las filtraciones. El Post fue informado de que Natanson y el periódico no son objetivos de la investigación, declaró el editor ejecutivo Matt Murray en un correo electrónico a sus colegas.
“No obstante, esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante y plantea preguntas y preocupaciones profundas sobre las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”, escribió Murray. “El Washington Post tiene una larga historia de apoyo ferviente a la robusta libertad de prensa. Toda la institución respalda esas libertades y nuestro trabajo”.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró que el registro se realizó a petición del Departamento de Defensa y dijo que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.
“Filtrar información clasificada pone en grave peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestros héroes militares”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X. “El presidente Trump no tiene tolerancia para ello y continuará reprimiendo agresivamente estos actos ilegales en el futuro”.
La orden indica que el registro se relaciona con una investigación sobre un ingeniero de sistemas y especialista en tecnología de la información para un contratista del gobierno en Maryland, de quien las autoridades alegan que se llevó a casa informes clasificados, reportó el periódico. El trabajador, Aurelio Perez-Lugones, fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales. No ha sido acusado de compartir información clasificada, y no se le ha acusado de filtración en documentos judiciales.
Perez-Lugones, quien tenía autorización exclusiva de seguridad, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en el trabajo. En un registro de su casa y su automóvil efectuado este mes en Maryland, las autoridades encontraron documentos marcados como “SECRETO”, entre ellos uno en una lonchera, según documentos judiciales.
Un portavoz del FBI se negó a comentar el miércoles. The Washington Post dijo el mismo día que estaba monitoreando y revisando la situación. Se envió un correo electrónico solicitando comentarios a los abogados de Perez-Lugones, quien se prevé que comparezca en la corte el jueves para una audiencia de detención.
Grupos defensores de la Primera Enmienda expresaron alarma por el registro, diciendo que podría inhibir el periodismo de investigación que exige la rendición de cuentas de los funcionarios del gobierno.
“Los registros físicos de los dispositivos, hogares y pertenencias de los reporteros son algunos de los pasos investigativos más invasivos que las fuerzas del orden pueden dar”, indicó Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa. “Esto es una tremenda escalada en las intrusiones de la administración en la independencia de la prensa”.
A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha desarrollado y revisado directrices internas que rigen cómo responderá a filtraciones de prensa.
En abril, Bondi emitió nuevas directrices diciendo que los fiscales volverían a tener la autoridad para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan “divulgaciones no autorizadas” a periodistas.
Las medidas rescindieron una política de la administración demócrata de Joe Biden que protegía a los periodistas contra la incautación en secreto de sus registros telefónicos durante investigaciones de filtraciones, una práctica largamente criticada por organizaciones de noticias y grupos de libertad de prensa.
