Una mujer italiana de 47 años fue indemnizada con más de 470 mil euros luego de que la Corte de Apelación de Florencia concluyera que pasó casi cuatro años sometida a quimioterapia y otros tratamientos oncológicos agresivos por un diagnóstico erróneo de cáncer que nunca padeció.
La sentencia representa un revés para el Hospital Universitario de Pisa y eleva de forma significativa la compensación fijada en primera instancia, que había sido de 295 mil euros, al reconocer un mayor daño físico, psicológico y laboral derivado de la atención médica indebida.
El caso es del 2006, cuando la mujer acudió al hospital de Volterra para una cirugía ortopédica de rutina. Durante los estudios preoperatorios, los médicos detectaron una alteración en su conteo de glóbulos blancos, lo que llevó a suspender el procedimiento y enviar los análisis al Hospital Universitario de Pisa. Tras realizarle biopsias de médula ósea e intestinal, los especialistas le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin tipo MALT.
Convencida de que padecía cáncer, la paciente inició en 2007 un tratamiento que incluyó quimioterapia, corticoides y esteroides, el cual se prolongó hasta 2011. Durante ese periodo, su estado de salud se deterioró de manera progresiva, con afectaciones severas a su sistema inmunológico, desequilibrios hormonales y consecuencias que impactaron su vida cotidiana y laboral, incluyendo la suspensión temporal de su permiso de conducir.
La situación cambió cuando decidió buscar una segunda opinión médica en un hospital de Génova. Tras nuevos estudios y biopsias, los especialistas descartaron por completo la presencia de cáncer. La mujer había sido tratada durante años por una enfermedad inexistente.
Antes de acudir a los tribunales, la paciente intentó una solución extrajudicial, sin éxito. En el proceso legal, el hospital defendió que se trataba de un cuadro clínico complejo y que la terapia aplicada era “correcta” con base en la información disponible en su momento.
Sin embargo, una pericia independiente ordenada por la Corte concluyó que no existían pruebas clínicas suficientes para sustentar el diagnóstico ni los tratamientos administrados, y que los síntomas tampoco eran compatibles con un linfoma.
El fallo reconoció un 60 % de invalidez permanente —frente al 40 % determinado inicialmente— y subrayó que el daño sufrido no fue únicamente físico, sino también emocional, profesional y existencial, al haber vivido durante años con el temor de una enfermedad terminal inexistente.
El caso ha sido considerado emblemático en Italia sobre las consecuencias de los diagnósticos oncológicos erróneos y se inscribe en un contexto de mayor vigilancia judicial sobre la responsabilidad médica en tratamientos de alta agresividad.
