La comparecencia del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante un tribunal federal de Nueva York abrió un nuevo capítulo en una lista excepcional y reducida: la de jefes de Estado que, tras ejercer el poder, terminaron procesados por la justicia de Estados Unidos.
El pasado 5 de enero, Maduro se declaró “no culpable” ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, luego de ser presentado en una corte de Nueva York bajo cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, acusaciones que pesan en su contra desde 2020. Durante la audiencia, el exmandatario lanzó una declaración inédita en este tipo de procesos judiciales internacionales:
“Soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por Estados Unidos y soy prisionero de guerra”.
Maduro ingresó a la sala esposado de los tobillos, con las manos colocadas detrás de la espalda, aunque sin esposas en las muñecas. A su lado se encontraba Cilia Flores, su esposa y exprimera dama, detenida el fin de semana previo durante una intervención armada en Venezuela.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, recordó que la acusación formal incluye cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo, y confirmó que Flores también forma parte del expediente judicial.
El caso de Maduro reactivó un debate histórico sobre el alcance extraterritorial de la justicia estadounidense y evoca precedentes en América Latina donde el poder presidencial no fue un escudo frente a los tribunales federales de EU.
MANUEL ANTONIO NORIEGA: EL ANTECEDENTE EMBLEMÁTICO
El caso más emblemático es el del panameño Manuel Antonio Noriega, jefe de facto de Panamá entre 1983 y 1989. Durante años mantuvo una relación ambigua con Estados Unidos: colaboró con agencias de inteligencia mientras consolidaba un régimen autoritario señalado por represión política, censura y corrupción.
En 1988, tribunales federales estadounidenses lo acusaron formalmente de conspiración para traficar drogas, lavado de dinero y extorsión, al señalar que permitió al Cártel de Medellín utilizar Panamá como plataforma para el tráfico de cocaína y el lavado de millones de dólares.
En diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la invasión conocida como ‘Operación Causa Justa’. Noriega fue capturado en enero de 1990, trasladado a Miami y, en 1992, un jurado federal lo declaró culpable de ocho cargos. Fue sentenciado inicialmente a 40 años de prisión, pena que posteriormente se redujo. Cumplió más de 17 años en cárceles estadounidenses antes de ser extraditado a Francia y luego a Panamá.
ALFONSO PORTILLO: CORRUPCIÓN Y LAVADO EN LA JURISDICCIÓN ESTADOUNIDENSE
El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000–2004) también terminó ante tribunales estadounidenses tras una gestión marcada por escándalos de corrupción. Investigaciones internacionales revelaron que desvió fondos públicos y utilizó el sistema financiero estadounidense para ocultar el dinero.
Portillo fue acusado formalmente en Estados Unidos por lavado de dinero y extraditado en 2013. Un año después, ante una corte federal en Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar al menos 2.5 millones de dólares. Fue condenado a casi seis años de prisión. Tras cumplir su sentencia, regresó a Guatemala, donde falleció en 2021.
El caso sentó un precedente clave: no fue juzgado por corrupción interna, sino por el uso de instituciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense.
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ: DEL PODER A UNA DE LAS CONDENAS MÁS SEVERAS
Uno de los procesos más recientes es el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022. De acuerdo con fiscales estadounidenses, utilizó el aparato del Estado para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Hernández fue acusado de conspiración para importar cocaína, uso de armas de alto poder y participación en una empresa criminal continua. Tras dejar el poder, fue arrestado en Honduras y extraditado en 2022.
En marzo de 2024, un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos. Tres meses después, fue sentenciado a 45 años de prisión, una de las condenas más severas impuestas por Estados Unidos a un exjefe de Estado extranjero. En diciembre del año pasado, fue puesto en libertad tras recibir un indulto del entonces presidente Donald Trump.
OTROS EXPRESIDENTES PROCESADOS O INVESTIGADOS
La lista incluye otros nombres relevantes. El hondureño Rafael Leonardo Callejas (1990–1994) fue procesado en Estados Unidos por corrupción vinculada al escándalo de la FIFA. En 2020, debido a su estado de salud, un tribunal de Nueva York lo condenó a tiempo cumplido.
El peruano Alejandro Toledo (2001–2006) litigó durante años en Estados Unidos para evitar su extradición por el caso Odebrecht, pero en 2023 fue enviado a Perú. Allí recibió una condena de 20 años y seis meses de prisión, a la que se sumó en septiembre de 2025 otra sentencia de 13 años y cuatro meses por lavado de dinero, penas que cumple de manera concurrente.
MADURO Y UN NUEVO CAPÍTULO
El proceso contra Nicolás Maduro se inscribe en esta tradición excepcional de mandatarios llevados ante cortes estadounidenses. A diferencia de otros casos, su captura ocurrió en medio de una crisis política y militar en Venezuela, lo que ha intensificado las tensiones diplomáticas y el debate sobre soberanía, jurisdicción internacional y el uso del derecho penal como herramienta geopolítica.
Con su declaración de inocencia y su autodefinición como “prisionero de guerra”, el caso Maduro no solo enfrenta a un expresidente con la justicia estadounidense, sino que también marca un episodio sin precedentes en la historia reciente de América Latina.
