La defensa legal de una de las familias lesionadas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca y que dejó 14 personas muertas, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra empresas contratistas y servidores públicos que resulten responsables.
La querella fue interpuesta por el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados en representación de Juan Manuel Iglesias, su esposa Flor del Carmen Temích y su hijo Alexis Iglesias Temích, quienes resultaron heridos en el accidente mientras se trasladaban desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a Oaxaca para realizar labores humanitarias.
De acuerdo con la defensa, la denuncia contempla los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, y señala directamente a las empresas Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, además de funcionarios públicos cuya responsabilidad sea acreditada durante la investigación.
En conferencia de prensa, el abogado Adrián Arellano explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades en el proyecto ferroviario desde 2019 hasta las obras más recientes realizadas en 2025. Al respecto, citó que:
“En ellas se advierte que hubo una mala supervisión, construcción y sobre todo una mala rehabilitación. En este caso también se advierte que en los trabajos para los cuales fueron contratados no existe evidencia fotográfica de la misma”.
Arellano subrayó que la familia decidió acudir a instancias legales para evitar que el caso quede en el olvido. Señaló que:
“Son una familia que venía de misiones de Ciudad Juárez a Oaxaca, lamentablemente no pudieron arribar a su destino producto de este descarrilamiento, presentamos esta denuncia en representación de las víctimas con la finalidad de que puedan participar activamente en la investigación”.
Desde Ciudad Juárez, Juan Manuel Iglesias participó vía llamada y manifestó que, si bien han recibido atención médica, el proceso posterior al accidente estuvo marcado por deficiencias institucionales.
Asimismo, reconoció el apoyo de algunas instancias federales, pero criticó las condiciones hospitalarias y el trato hacia los familiares de las víctimas.
La defensa legal también advirtió que el proceso de reparación del daño podría prolongarse por más de dos años y pidió a las autoridades que la participación de abogados no sea vista como un obstáculo, sino como un mecanismo para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
