Estados Unidos confirmó por primera vez que realizó un ataque contra un objetivo terrestre en Venezuela, una acción que marca un nuevo nivel en la escalada militar emprendida por el gobierno de Donald Trump en la región y que se produce en un contexto de fuertes tensiones geopolíticas y disputas por el control de los recursos energéticos del país sudamericano.
El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que fuerzas de su país destruyeron una instalación portuaria en territorio venezolano, la cual, según su versión, era utilizada para cargar embarcaciones señaladas de transportar drogas.
Hasta ahora, la ofensiva se había concentrado en bombardeos contra barcos en aguas internacionales, sin que Washington reconociera ataques directos en suelo venezolano.
“No importa, pero hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan los barcos con droga. Cargan los barcos con droga. Así que atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación, ahí es donde implementan, y ya no existe”, declaró Trump durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Florida.
El mandatario se negó a precisar qué agencia ejecutó la operación, al ser cuestionado por reporteros. “No quiero decir eso. Sé exactamente quienes fueron, pero no lo diré“, respondió.
El reconocimiento del ataque terrestre ocurre tras meses de bombardeos contra embarcaciones que Estados Unidos acusa de estar vinculadas al narcotráfico, sin presentar públicamente pruebas ni información judicial sobre las personas a bordo. De acuerdo con cifras difundidas por la Casa Blanca, desde septiembre se han registrado alrededor de 30 ataques, con un saldo de más de 100 personas muertas.
Este lunes, el Comando Sur de Estados Unidos informó de un nuevo ataque contra una embarcación en el océano Pacífico, en el que murieron dos personas. El ejército afirmó que el barco “estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, sin ofrecer evidencia adicional.
Aunque Washington presenta la campaña como una ofensiva contra el tráfico de drogas, la operación se desarrolla en paralelo a un endurecimiento de las medidas contra Venezuela, incluyendo la incautación y bloqueo de buques petroleros, así como sanciones económicas que buscan limitar la exportación de crudo.
El propio Trump ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado “Cártel de los soles”, y ha sostenido que el petróleo venezolano “pertenece” a Estados Unidos.
Trump confirmó además que sostuvo recientemente una conversación con Maduro, aunque reconoció que no hubo avances. “Hablé con él recientemente. Bastante reciente. Pero no mucho salió de eso”, señaló.
La escalada militar ha generado cuestionamientos dentro de Estados Unidos y en la comunidad internacional. Legisladores demócratas han advertido que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o violaciones al derecho internacional, al no existir procesos legales ni confirmación independiente sobre las acusaciones de narcotráfico.
En América Latina, varios gobiernos han expresado su rechazo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en duda que las embarcaciones atacadas estén vinculadas al tráfico de drogas, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo con estas acciones.
“Como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, como se dan”, declaró en octubre.
Tras el endurecimiento de las acciones estadounidenses, el gobierno de Maduro ordenó a sus fuerzas armadas escoltar a los buques que transportan petróleo desde puertos venezolanos, una medida que incrementa el riesgo de un enfrentamiento directo y eleva la tensión en una región estratégica, donde también confluyen intereses de potencias como China, principal aliado económico de Venezuela.
El ataque terrestre reconocido por Trump abre un nuevo capítulo en el conflicto y refuerza las alertas sobre una posible ampliación del enfrentamiento, más allá del discurso oficial contra el narcotráfico, hacia un escenario de disputa abierta por el control político y energético de Venezuela.
