La justicia argentina dictó una medida contundente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ocho personas más condenadas por corrupción en la llamada “causa Vialidad”: deberán pagar cerca de 537 millones de dólares para resarcir el daño al Estado, y en caso de no hacerlo, se procederá al decomiso y remate de sus bienes.
El tribunal federal encargado, el TOF 2 (Tribunal Oral Federal 2), estableció que Fernández y los demás condenados tienen un plazo de 10 días hábiles para depositar el dinero en una cuenta designada del Banco Nación.
Si no cumplen, la justicia ejecutará la venta judicial de activos embargados, tarea para la cual ya han sido identificados diversos bienes: más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, empresas y tierras.
Los peritos de la Corte Suprema de Argentina calcularon el monto a restituir en 684,990 millones de pesos, equivalentes a los 537 millones de dólares mencionados.
Este valor se basa en la estimación de los daños provocados al Estado por contratos viales irregulares adjudicados entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de la propia Fernández.
Además de la sanción económica, en su momento se dictó una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, junto con la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Actualmente, Fernández cumple su condena bajo arresto domiciliario.
Desde la defensa de la exmandataria, han presentado recursos legales para frenar el decomiso. Alegan que sus bienes tienen un origen legítimo y argumentan que deben ser revisados en el ámbito civil, no penal.
Este caso marca un momento clave en la ejecución de sentencias en Argentina, ya que representa uno de los decomisos más altos ordenados por la justicia en una causa por corrupción política.
