La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el pasado miércoles la ley que regula la eutanasia, luego de que Ecuador y Colombia ya autorizaron este procedimiento en América Latina.
El proyecto de ley —que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de agosto— recibió 20 votos a favor y 11 en contra en la cámara alta de un total de 31 posibles, cinco años después de que el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes empezó a debatirlo, generando el rechazo de grupos católicos y otros sectores conservadores.
Con la aprobación de ambas cámaras, la norma queda sancionada, y ahora sólo resta la reglamentación del poder ejecutivo para que se implemente.
Se da por hecho el visto bueno del gobierno, que ya puso en funcionamiento la ley de cuidados paliativos.
En el caso de la votación de los diputados en agosto, esta se dirimió por 64 sufragios a favor y 29 en contra.
El proyecto de ley sobre la muerte digna fue presentado este año por diputados del oficialista Frente Amplio, y la Comisión de Salud de la cámara baja lo aprobó en julio. En 2022 una iniciativa similar naufragó tras quedar estancada en el Senado.
“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe despenalizar a nadie”, argumentó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio.
Los pacientes que opten por el procedimiento deben ser mayores de edad, estar psíquicamente aptos y cursar “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padecer “sufrimientos que resulten insoportables”, añade el texto aprobado.
Asimismo, sólo podrán acceder a la eutanasia ciudadanos uruguayos o extranjeros que acrediten residencia fehaciente en el país, y los solicitantes deberán recibir el aval de al menos dos profesionales de la salud.
El senador Martín Lema, del conservador Partido Nacional y opositor al proyecto, enfatizó no estar “dispuesto a entregar ese valor de lo que es la defensa de la vida”, y cuestionó: “Hablamos de salud mental, pero acá no hay ninguna garantía ni pericia psicológica ni psiquiátrica para valorar la salud mental de quien está en una situación delicada y pide la eutanasia”.
