Eran las 3:30 de la mañana cuando 10 oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se reunieron en un estacionamiento en los suburbios de Chicago para una sesión informativa sobre un sospechoso que esperaban arrestar.
Repasaron una descripción de la persona, se aseguraron de que sus radios estuvieran en el mismo canal y discutieron dónde estaba el hospital más cercano en caso de que algo saliera mal.
“Planeemos no estar allí”, dijo uno de los oficiales, antes de subir a sus vehículos y partir.
A lo largo de la ciudad y los suburbios circundantes, otros equipos se desplegaban en apoyo de la “Operación Midway Blitz”. Esto ha desatado la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump en una ciudad y un estado que han tenido algunas de las leyes más estrictas que impiden que los funcionarios locales cooperen con los federales de inmigración.
El ICE lanzó la operación el 8 de septiembre, generando preocupación entre activistas y comunidades inmigrantes temerosas de los arrestos a gran escala o las tácticas agresivas utilizadas en otras ciudades objetivo del presidente republicano.
Dicen que ha habido un aumento notable en los agentes de inmigración, aunque un despliegue militar en Chicago aún no se ha materializado.
El concejal Andre Vasquez, quien preside el comité de derechos de inmigrantes y refugiados del Ayuntamiento de Chicago, objetó enérgicamente esa descripción, culpando al ICE por cualquier escalada.
“No estamos aquí para causar caos. El presidente lo está”, manifestó Vasquez. Acusó a los agentes de inmigración de intentar provocar a los activistas para que reaccionen de manera exagerada con el fin de justificar el uso de una mayor fuerza, como las tropas de la Guardia Nacional. “El ICE no pertenece aquí”.
