El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este jueves sanciones contra la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa y su principal brazo armado, además de cinco personas y 15 empresas vinculadas a sus operaciones en Baja California y Sinaloa.
En la lista de sancionados aparece Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada local por Morena en Baja California, señalada de haber recibido sobornos y de facilitar operaciones del cártel en la zona costera.
De acuerdo con la OFAC, Brown mantuvo vínculos directos con operadores financieros de la organización, como Jesús González Lomelí, dueño de restaurantes, bares y hoteles en Rosarito usados para lavar dinero del narcotráfico, y con Candelario Arcega Aguirre, identificado como enlace político de los hermanos Arzate, líderes regionales de ‘Los Mayos’.
El comunicado detalla que durante su gestión en la alcaldía, Brown habría permitido que personajes ligados al cártel colocaran a sus aliados en áreas clave de seguridad y recaudación municipal. A cambio, recibía beneficios económicos que garantizaban la protección de las actividades criminales.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes e intereses que Brown y los otros designados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para que ciudadanos o empresas de EU realicen transacciones con ellos.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, señaló John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Con esta acción, el gobierno de Estados Unidos no solo pone en la mira a la facción de ‘Los Mayos’, encabezada por Juan José Ponce Félix, ‘El Ruso’, sino también exhibe la penetración del cártel en estructuras políticas locales mexicanas.
