La orden de desplegar tropas de la Guardia Nacional para el resguardo de agentes migratorios implicados en la represión que encabezó Donald Trump en Los Ángeles es ilegal y debe concluir, indicó un abogado de California.
“El gobierno quería una demostración de fuerza militar tan grande que cualquier oposición a su agenda fuera silenciada”, destacó Meghan Strong, fiscal general adjunta de California
Agregó que el gobierno de Trump fue más allá de brindar protección para los agentes y edificios federales. Las tropas, afirmó, establecieron bloqueos y perímetros que restringieron el movimiento civil, bloquearon el acceso a calles públicas, detuvieron a civiles y participaron en una demostración militarista de fuerza en un parque público.
El gobierno de Trump violó la ley y usó al Ejército para hacer cumplir ilegalmente la ley civil y operar como una sola fuerza con agentes federales de inmigración que a menudo visten atuendos militares, aseguró Strong.
“Los acusados han usado ese ejército para invadir las actividades de la aplicación de la ley civil e infundir miedo en el corazón de los californianos”, subrayó Strong. “Al hacerlo, los acusados han ignorado la arraigada política de Estados Unidos contra la ejecución militar de las leyes y las prohibiciones establecidas en la Ley Posse Comitatus”.
Destacó que el envío de más de 4 mil soldados y 700 infantes de Marina en junio pasado para responder a las protestas provocadas por las redadas masivas constituyó una violación a la ley civil.
En tanto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, señalaron que era un truco político y con el objetivo de intimidar a las comunidades de inmigrantes de la ciudad.
Trump ha puesto a prueba los límites de la actividad militar habitual en territorio nacional, incluida la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera con México.
El mandatario anunció el lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., y la toma de control del departamento de policía de la ciudad con la esperanza de reducir los índices delictivos, incluso cuando la alcaldesa aseguró que el crimen va en descenso en la capital del país.
California le ha solicitado al juez Charles Breyer que ordene al gobierno de Trump devolver el control de las tropas restantes al estado y prohíba que el gobierno federal emplee fuerzas militares en California “para ejecutar o asistir en la ejecución de las leyes federales o cualquier función de aplicación de la ley civil por parte de cualquier agente u oficial federal”.
Por su parte, Eric Hamilton, un fiscal general adjunto, dijo en su declaración de cierre el martes que las tropas no violaron la Ley Posse Comitatus porque no estaban en funciones de aplicación de las leyes federales y fueron desplegadas “para una mera función de protección”.
“El presidente federalizó a los miembros de la guardia y también desplegó a los marines después de varios días de ataques violentos contra agentes y propiedades federales. El despliegue fue en respuesta a esa violencia y un reconocimiento de que los agentes y los edificios federales necesitaban de protección adicional”, declaró Hamilton .
