WASHINGTON .- Este miércoles 30 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está sancionando al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes (de Moraes), quien ha utilizado su cargo para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión.
“Alexandre de Moraes se ha arrogado el papel de juez y jurado en una cacería ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“De Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La acción de hoy deja claro que el Tesoro seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos”.
La medida se toma en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13818, que desarrolla e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos y se dirige contra los autores de graves abusos contra los derechos humanos en todo el mundo.
Esta medida se produce tras la revocación de la visa de De Moraes y la de sus familiares directos por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos el 18 de julio de 2025, por su complicidad en la campaña de censura ilegal de De Moraes contra ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense.
Las sanciones se producen casi dos semanas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visado para Moraes y otros funcionarios judiciales, acusándolos de llevar a cabo una “cacería de brujas política” contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, aliado del presidente Donald Trump, se encuentra actualmente en juicio por un supuesto complot para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, que perdió ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro ha negado los cargos en su contra.
A principios de este año, el Tribunal Supremo de Brasil le prohibió hablar con funcionarios extranjeros, acercarse a embajadas y usar las redes sociales.
