El gobierno de Estados Unidos estima que en México se lavan alrededor de 44 mil millones de dólares al año, principalmente por parte de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la trata de personas.
Así lo dio a conocer la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, Katie Stana, durante una conferencia sobre antilavado de dinero en Cancún.
Según las autoridades estadounidenses, el enfoque para combatir al narcotráfico ha dejado de centrarse exclusivamente en el uso de la fuerza y se ha desplazado hacia el desmantelamiento financiero de los grupos criminales.
Washington ha reforzado sus mecanismos de rastreo de operaciones ilícitas, trabajando en conjunto con bancos, reguladores y especialistas para bloquear el acceso del crimen organizado al sistema financiero internacional.
El Departamento del Tesoro ha advertido que los cárteles utilizan estructuras sofisticadas para mover dinero ilícito, entre ellas empresas fantasma, redes de intermediarios, operaciones con criptomonedas y comercio internacional. Estas redes permiten ocultar el origen del dinero y dificultan su seguimiento por parte de las autoridades.
Como parte de esta ofensiva financiera, Estados Unidos ha comenzado a aplicar medidas derivadas de la nueva Ley de Control del Fentanilo, enfocadas en frenar las transferencias sospechosas relacionadas con precursores químicos y lavado de dinero. Aunque en el pasado se han sancionado instituciones financieras mexicanas por presuntos vínculos con el narcotráfico, las acciones actuales apuntan a cerrar todos los canales por los que circula el dinero sucio, incluso fuera del sistema bancario.
Expertos en seguridad financiera advierten que la magnitud del problema rebasa por mucho las cifras oficiales mexicanas, y que el endurecimiento de los controles en la banca formal ha llevado a los criminales a operar con mayor frecuencia en efectivo y a través de esquemas menos regulados, lo que dificulta la supervisión.
Mientras tanto, el gobierno mexicano ha reiterado que su sistema financiero es sólido y está comprometido con la cooperación internacional. Sin embargo, autoridades nacionales reconocen que el combate al lavado de dinero requiere mejorar la coordinación institucional, fortalecer la inteligencia financiera y avanzar en reformas legales para frenar el flujo de recursos ilícitos.
