El Parlamento de la República Checa aprobó el pasado 18 de julio una reforma al Código Penal que prohíbe la propaganda comunista, estableciendo penas de hasta cinco años de prisión. La medida fue firmada ese mismo día por el presidente Petr Pavel y equipara legalmente la promoción del comunismo con la del nazismo.
La nueva ley establece que se podrá castigar a quienes “creen, apoyen o promuevan movimientos nazis, comunistas u otros que estén claramente dirigidos a suprimir los derechos humanos y las libertades o incitar al odio racial, étnico, nacional, religioso o de clase”.
Según el gobierno, se trata de una respuesta directa a la exigencia de instituciones como el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, que durante años reclamaron una sanción equitativa para ambas ideologías totalitarias.
Legisladores que respaldaron la reforma señalaron que no podía mantenerse una diferencia legal entre dos sistemas responsables de crímenes, persecución y represión. En palabras de uno de los impulsores de la medida, el diputado Pavel Žáček, “no se puede seguir tratando de forma distinta a dos ideologías que han cometido atrocidades comparables”.
Desde el oficialismo se argumenta que esta legislación busca cerrar heridas históricas y reafirmar el compromiso democrático de la nación, particularmente frente a su pasado bajo ocupación soviética y el régimen comunista impuesto tras la Primavera de Praga de 1968.
Por su parte, el Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), actualmente sin representación en el Parlamento, criticó la reforma por considerarla un acto de censura política. En un comunicado firmado por su dirigente, la eurodiputada Kateřina Konečná, acusaron al gobierno de utilizar la ley como un instrumento electoral: “Este es otro intento fallido de ilegalizar el KSČM e intimidar a quienes critican al régimen actual”.
La polémica se da en el contexto de una campaña electoral en la que el KSČM busca regresar al Parlamento a través de su coalición “Stačilo” (“Basta”), que ronda el 5% de la intención de voto, justo el mínimo requerido para obtener escaños.
Chequia sigue así los pasos de países como Polonia, Hungría, Lituania y Letonia, donde la propaganda comunista ya está restringida por ley. No obstante, se convierte en el primero en imponer sanciones penales equiparables a las de la apología del nazismo, reforzando su postura de condena a todo tipo de totalitarismo.
