La empresa SpaceX reaccionó este jueves a los reclamos que realizó México por la basura espacial que ha caído en su frontera norte, descartando que las piezas de sus cohetes representen riesgos químicos, biológicos o toxicológicos.
La respuesta de la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk se da un día después que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se iniciaría un proceso en contra de la compañía por la contaminación generada por sus desechos espaciales que cayeron en las últimas semanas en varios puntos del estado de Tamaulipas, frente a Texas.
SpaceX dijo en un mensaje que difundió en su cuenta de X que “no existen riesgos” para las zonas que están en los alrededores de sus instalaciones en Texas, y que las pruebas independientes que se realizaron a los materiales del interior de su cohete Starship confirman que “no presenta riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos”.
Pero las autoridades mexicanas tienen una posición diferente. Sheinbaum afirmó la víspera que “en efecto sí hay contaminación” por la basura espacial, y que se está haciendo una revisión general de los impactos y las leyes internacionales para iniciar un proceso y las “demandas necesarias”.
En el escrito, la empresa estadounidense indicó que a pesar de las acciones que han realizado para recuperar los restos que “son y siguen siendo propiedad tangible de SpaceX”, esos intentos “se han visto obstaculizados por partes no autorizadas que han invadido propiedad privada”, pero no ofreció detalles.
SpaceX planteó que espera trabajar con el gobierno mexicano para la devolución de los escombros lo antes posible.
The Associated Press solicitó a la Cancillería y a la oficina de prensa de la Presidencia una reacción sobre lo anunciado por SpaceX, pero no tuvo respuesta de momento.
Tras la denuncia que realizó entre mayo y este mes la ONG local Conservación e Investigación de la Biodiversidad (Conibio Global) sobre la presencia de basura espacial en la Playa Bagdad de la ciudad fronteriza de Matamoros y en el Río Bravo, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente asumieron la evaluación del impacto de esos desechos.
