La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó el congelamiento de cinco cuentas bancarias del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, desde febrero pasado, según una denuncia a la que obtuvo el diario Reforma.
"En una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República, el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitó que se ordene el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita", detalla la investigación de Reforma.
De acuerdo con la investigación, el magistrado gastó 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente en seis años, es decir, 217.3 por ciento más que sus ingresos declarados entre 2013 y 2018.
La UIF identificó depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas en las cuentas; dichos recursos los cotejó con lo que el funcionario recibió por su actividad pública.
"Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito", afirma Santiago Nieto en su denuncia.
Ante ello, Vargas reiteró que el origen de sus recursos es lícito y que en breve ofrecerá un comunicad para explicar su situación.
Ante la publicación del diario Reforma sobre mi patrimonio, reitero el origen lícito y comprobable del mismo, y que consta en mis declaraciones, así como mi entera disposición para aclarar cualquier situación que la autoridad competente requiera. (1/2)
— José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) November 28, 2020
Además, aseguró que está dispuesto a declarar ante la autoridad para aclarar cualquier situación al respecto.
Vargas es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cuenta con estudios doctorales en Derecho Público con especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución.
Entre los cargos que ha ocupado destacan haber sido titular de Unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, 2007-2010) y titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (FEPADE, 2010-2012). De 2012 a 2016 ejerció como abogado postulante en su propia firma.
El 4 de noviembre de 2016 fue designado Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, además de su labor jurisdiccional, tiene el encargo de impulsar y fortalecer la vinculación internacional del TEPJF, los programas académicos ofrecidos por la Escuela Judicial Electoral y funge como uno de los cinco miembros de la Comisión de Administración, órgano rector del Tribunal Electoral.
Con información de Reforma
