El ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite una controversia constitucional, presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de la primera parte del llamado 'Plan B' en materia electoral.
Dicha parte incluye reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales se encuentran suspendidas en Coahuila y Estado de México, también por determinación de Pérez Dayán.
Esta es la primera controversia contra el 'Plan B' que es admitida a trámite, de unas 125 similares que han presentado gobiernos estatales y municipales ante la Suprema Corte.
"El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, se lee en el acuerdo de admisión.
El 'Plan B', promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve, entre otras coas, una reducción en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) de unos 3 mil 500 millones de pesos.
