La política del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cero corrupción y la aplicación de todo el peso de la ley a exfuncionarios presentó otro movimiento este viernes.
Tanto la Fiscalía General de la República, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han indagado presuntos actos de corrupción desde la llegada de López Obrador a la Presidencia del país.
Como parte de sus investigaciones, se han señalado a diversos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, irregularidades en la administración de presupuestos y actos de corrupción.
Fue titular de la Secretaría de Economía en el sexenio de EPN y este viernes se le vinculó a proceso por presunto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía señaló que durante 2014 a 2018, Guajardo como servidor público probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su origen legal.
Como medidas cautelares, un juez dictó la firma periódica y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial por parte del exsecretario.
Se concedió a la FGR un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.
En el sexenio de Peña Nieto fue canciller y secretario de Hacienda. La Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó 10 años para ejercer cargos públicos, como sanción, luego de una investigación en la que encontró irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
Videgaray omitió declarar los saldos de cuentas bancarias entre 2015 y 2017, lo que es una falta administrativa grave, de acuerdo con la SFP.
Fue titular de entonces la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actualmente es diputado del PRI.
En 2020 la Secretaría de la Función Pública informó que es investigado debido a presuntas irregularidades en qué por mil 323 millones de pesos, monto que se usó en 2018 en la Cruzada Nacional contra el Hambre y sus comedores comunitarios.
Detenido en España en febrero del 2020. Fue director general de Pemex y se le vincula a los sobornos que recibió de Odebrecht. Además, compró la planta chatarra de AgroNitrogenados, que significó un desfalco importante para el país.
En julio del mismo año fue extraditado a México para enfrentar un proceso penal por lavado de dinero, cohecho y fraude.
El juez de control del Reclusorio Norte aceptó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), donde se tomaron en cuenta las condiciones de salud de Lozoya (anemia y problemas de esófago).
Se le mantuvo bajo vigilancia de la policía ministerial en el hospital privado en el que se le internó, se le colocó un localizador electrónico y entregó su pasaporte.
En una audiencia a distancia, el exdirector de Pemex se dijo inocente, buscó cooperar y señalar a las personas responsables y los cargos que ocupaban cuando ocurrió el caso ‘AgroNitrogenados’.
Se acordó que Lozoya llevará sus dos juicios en libertad.
En enero del 2021 se negoció la suspensión de los procesos a Lozoya, ya que participará como testigo. En caso de que sus declaraciones sean infructuosas, la Fiscalía reactivará las acciones penales en su contra.
Fue detenida en 2019 por los cargos de ejercicio indebido del servicio público en entonces la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la desaparecida Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Fue llevada al penal de Santa Martha Acatitla. Declinó negociar con la Fiscalía e irá a juicio por sus vínculos con la ‘Estafa Maestra’.