El caso que hoy tiene bajo la lupa al Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con una serie de trabajos periodísticos de medios que exhibieron presuntos vínculos (profesionales y personales) entre la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías proveedoras de materiales y servicios electorales.
Las publicaciones documentaron encuentros, conversaciones y posibles acuerdos relacionados con contrataciones públicas.
Lo que inicialmente apuntaba a una relación entre la titular del organismo y uno de sus proveedores pronto las indagatorias comenzaron a identificar una estructura de empresas que habría participado durante años en licitaciones de distintos institutos electorales del país.
Pero no fue algo menor. La investigación puso bajo revisión contratos de varias generaciones de autoridades electorales, aunque esa no ha sido la única consecuencia de este escándalo de presunta corrupción, es por ello que, aquí, en Nación321, te contamos cuáles alcances tuvo.
UNA ESTRUCTURA CONSTRUIDA DURANTE DECADAS
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó el avance de las investigaciones por este caso y señaló a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como presuntos operadores de una estructura empresarial que habría utilizado compañías fachada, prestanombres y simulación de competencia para obtener contratos públicos.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el gobierno federal, el origen de la red se remonta a la década de 1980, cuando José Alfredo Hernández Casillas trabajó en el Registro Nacional de Población como secretario particular del entonces director general. En 1988 creó Cartonera Plástica y, con el paso del tiempo, sus empresas comenzaron a convertirse en proveedoras de material electoral para organismos estatales.
Las autoridades también describieron un posible mecanismo para aparentar competencia en las licitaciones: empresas vinculadas participaban en los mismos concursos, aunque presuntamente compartían intereses y beneficiarios. La investigación contempla además posibles relaciones entre proveedores y servidores públicos, así como indicios de operaciones de lavado de dinero y facturación irregular.
La dimensión económica del caso alcanzó a organismos electorales federales y estatales. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación identificó que dos grupos empresariales concentraron contratos por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026.
LAS DENUNCIAS Y LAS PRIMERAS CONSECUENCIAS
Conforme avanzaron las investigaciones, el caso llegó a las autoridades ministeriales y financieras. El 6 de noviembre, el INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles delitos relacionados con las contrataciones.
Entre las conductas señaladas están enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
La consejera electoral de Puebla, Blanca Cruz, informó que las 10 consejerías acordaron presentar la denuncia y revisar la actuación de funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles. También se contempla revisar contratos celebrados desde 2023, incluidos los relacionados con CosmoColor e Icard Solutions, así como operaciones con Talleres Gráficos de México.
La Auditoría Superior de la Federación abrió tres líneas de investigación: una revisión de las contrataciones del INE, el antiguo IFE y los organismos electorales locales; un análisis histórico de operaciones entre 2000 y 2025, y una auditoría al gasto federalizado de los institutos estatales.
El organismo fiscalizador informó además que trabaja con personas presuntamente implicadas que han proporcionado testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, conversaciones de WhatsApp y nombres de quienes habrían participado en las operaciones. La ASF busca documentar “múltiples irregularidades cometidas durante años en la contratación de bienes y servicios”.
A las investigaciones se sumó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, que bloqueó cuentas de 25 personas y 15 empresas relacionadas con el caso. De acuerdo con información periodística, entre las personas afectadas estaría la propia Taddei. En el interior del INE, alrededor de 30 trabajadores también presentaron su renuncia en medio de la crisis.
Sheinbaum pidió que las autoridades continúen las indagatorias, deslinden responsabilidades y transparenten las contrataciones de materiales electorales, tanto del instituto nacional como de los organismos estatales.
La trayectoria de Guadalupe Taddei también generó cuestionamientos por su cercanía con Morena, luego de que Andrés Manuel López Obrador respaldara su llegada al INE en 2023; sin embargo, Claudia Sheinbaum ha rechazado que fuera militante del partido y recordó que su nombramiento se realizó por insaculación en la Cámara de Diputados.
Incluso, en su Mañanera del 9 de noviembre, tras escuchar un audio en el que López Obrador la describía a Taddei como una persona íntegra y honesta, la Presidenta respondió: “Sí, no sabía lo que iba a pasar dos años después, lamentablemente”, y la acusó de traicionar la confianza del pueblo.
CONFLICTO LABORAL SE SUMA A LA CRISIS
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, el INE enfrenta otro frente de presión: el lunes 9 de noviembre, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana suspendieron actividades en 20 entidades para exigir mejores condiciones laborales.
La protesta se realizó en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.
Los empleados demandaron un incremento salarial de 100% para alcanzar el equivalente a dos salarios mínimos, jornadas de lunes a viernes, renovación de computadoras y dispositivos, pago de viáticos y gastos de campo, reconocimiento de antigüedad y estabilidad laboral. También exigieron garantías de que no habrá represalias por participar en el paro.
Sin embargo, luego de varias horas de negociaciones, el INE y los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana alcanzaron un acuerdo para poner fin al paro laboral, por lo que el personal retomará sus actividades este martes, informó la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz.
Aunque el paro responde a demandas laborales y no directamente a las investigaciones por presunta corrupción, ambos conflictos coinciden en un momento en que el INE enfrenta cuestionamientos sobre sus contrataciones, la actuación de antiguos y actuales funcionarios y el funcionamiento de su estructura interna.
De esta forma, el escándalo que comenzó con reportajes sobre presuntas “relaciones” entre funcionarios y proveedores terminó por abrir investigaciones sobre contratos por miles de millones de pesos, alcanzar a distintas administraciones electorales y provocar una disputa dentro del propio organismo.
