Luego de que Guadalupe Taddei Zavala fuera señalada de presuntos conflictos de interés y contrataciones con proveedores vinculados a ella, el escrutinio se centro en las facultades administrativas y de nombramiento que poseía, dichas que, anteriormente requerían la participación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los llamados ‘superpoderes’ surgieron luego de una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada en octubre de 2024, que le permitió designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició una investigación de oficio, mientras que la expresidenta del INE ha rechazado los señalamientos y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.
¿CUÁLES ERAN LOS ‘SUPERPODERES’ DE GUADALUPE TADDEI?
Antes de la reforma, la presidencia del INE proponía al Consejo General los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, pero las designaciones dependían de la aprobación colegiada. El esquema requería ocho votos de los 11 integrantes del Consejo General.
Con los cambios al artículo 45 de la LGIPE, la presidencia obtuvo la facultad de designar directamente a esos funcionarios, mientras que el nombramiento de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva continuó sujeto a la intervención del Consejo General.
La reforma también modificó el artículo 48 para ampliar las atribuciones de la Junta General Ejecutiva en materia administrativa, técnica y operativa.
Dicho esto, Taddei podía integrar su equipo directivo sin reunir los ocho votos que antes se necesitaban para esos nombramientos. Consejeros como Carla Humphrey y Arturo Castillo cuestionaron que la medida redujera la colegialidad y debilitara la supervisión interna.
¿QUIÉN IMPULSÓ LA REFORMA Y POR QUÉ SE APROBÓ?
La modificación se incorporó durante la discusión de las leyes secundarias para implementar la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, derivada de la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024.
El senador de Morena, Pável Jarero Velázquez presentó la reserva que modificó los artículos 45 y 48 de la LGIPE. Sin embargo, es importante precisar que la iniciativa original del Ejecutivo federal no incluía esos cambios.
Las modificaciones se incorporaron posteriormente en el dictamen discutido en el Senado, donde se aprobó el 10 de octubre, con 81 votos a favor y 40 en contra, después de un debate de alrededor de ocho horas
El argumento de Jarero fue facilitar la integración del equipo de trabajo de quien encabezara el organismo electoral y evitar disputas entre consejerías por los nombramientos.
En declaraciones difundidas el 27 de octubre de 2026, el senador defendió su propuesta y afirmó: “Lo que se busca es que no hubiera controversias al interior y darle esa atribución a quien presida el órgano electoral”.
También sostuvo que las posibles irregularidades debían investigarse y sancionarse si existían elementos.
El Senado aprobó el dictamen el 10 de octubre de 2024 y el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14. La reforma formó parte de los cambios legales para organizar la elección judicial de 2025.
