La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que fueron sancionadas 55 personas servidoras públicas y una empresa por diversas faltas administrativas, con medidas que incluyen destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta 10 años, además de multas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos.
De acuerdo con el comunicado emitido este 4 de octubre, las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en distintas dependencias y organismos, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las secretarías de Cultura y Gobernación, así como otras instituciones federales.
Entre los casos reportados se encuentra el de un trabajador de Pemex, quien fue inhabilitado durante 10 años y recibió una multa de 677 mil pesos por presentar documentos que no correspondían al vehículo registrado para cobrar una prestación de gasolina. Otro funcionario de la empresa fue sancionado con el mismo periodo de inhabilitación y una multa de 616 mil pesos por continuar cobrando dicha prestación pese a que el vehículo ya había sido dado de baja.
En la CFE, un funcionario fue inhabilitado por 10 años y multado con 72 mil pesos por omitir el reporte de usuarios que presuntamente utilizaban de manera indebida energía eléctrica. Otro servidor público de la empresa fue inhabilitado cuatro años por hostigamiento sexual a una persona subordinada.
El IMSS también reportó sanciones. Entre ellas destaca la inhabilitación por un año de un trabajador acusado de acosar sexualmente, mediante mensajes y tocamientos, a una médica residente de anestesiología. Asimismo, dos servidores públicos fueron sancionados por irregularidades relacionadas con la asignación de contratos.
En otro caso, un funcionario del Instituto Nacional de Migración en Chiapas recibió una suspensión de 30 días por su comportamiento hacia un periodista durante un operativo de rescate de personas migrantes.
La dependencia señaló que las sanciones fueron determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en los casos considerados faltas graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene atribuciones para imponer las correspondientes a faltas no graves.
