El juicio contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo comenzará el 1 de junio de 2027, luego de que el juez federal Alvin K. Hellerstein aprobara el calendario acordado por la fiscalía estadounidense y la defensa.
La fecha fue establecida durante una breve audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, a la que Maduro acudió acompañado de sus abogados. Tanto él como Flores permanecen detenidos en Brooklyn desde su traslado a Estados Unidos y se han declarado inocentes de los cargos que enfrentan.
La fecha inicialmente contemplada para la audiencia era el 30 de junio de 2026, pero el calendario fue modificado debido a las complicaciones logísticas y de seguridad relacionadas con los partidos del Mundial de Futbol que se disputaron en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn y debe ser trasladado hasta la sede de la corte para las audiencias.
De acuerdo con el calendario aprobado, la defensa comenzará a presentar sus primeras mociones en septiembre para impugnar la acusación. El abogado Barry Pollack adelantó que buscará cuestionar la legalidad de la detención de Maduro y argumentará que el exmandatario debe contar con inmunidad por tratarse de acciones que presuntamente ocurrieron mientras se encontraba en el cargo.
Maduro y Flores enfrentan la posibilidad de recibir una condena de cadena perpetua en caso de que un jurado los encuentre culpables de participar en una conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos.
Como parte de su estrategia legal, Maduro incorporó a su equipo a la abogada Anna Maria Estevao, integrante de la firma Harris Trzaskoma LLP, quien anteriormente participó en la defensa del rapero Sean “Diddy” Combs. La litigante se sumó formalmente al equipo el pasado 4 de junio, junto con Pollack, quien ha encabezado la defensa desde el comienzo del proceso.
La incorporación de Estevao también representó la entrada formal del despacho neoyorquino a la defensa del exmandatario. De acuerdo con información del caso, Maduro cuenta con autorización del gobierno estadounidense para que recursos públicos venezolanos sean transferidos con el propósito de financiar su defensa legal.
