Nueve personas servidoras públicas de distintas dependencias federales fueron sancionadas por irregularidades administrativas que van desde omisiones en procedimientos oficiales y fallas en procesos internos hasta faltas de respeto y presentación de documentos sin validez, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las medidas fueron aplicadas a trabajadores adscritos a Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guardia Nacional (GN), Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo.
Entre los casos reportados destaca el de un responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Pemex, quien recibió destitución e inhabilitación por un año por no atender una demanda laboral.
En la Guardia Nacional, un subagente y dos elementos fueron suspendidos durante 30 días por presentar certificados que, según el reporte oficial, carecían de validez. En tanto, una trabajadora de Sepomex recibió una suspensión por incurrir en conductas consideradas faltas de respeto hacia una ciudadana.
Por otra parte, en la CFE fue sancionada una oficinista comercial por irregularidades relacionadas con contrataciones de suministro eléctrico; mientras que un médico familiar del IMSS recibió una amonestación pública por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.
La lista también incluye sanciones a funcionarias del SNDIF y ASIPONA Manzanillo por omisiones administrativas relacionadas con procesos internos y procedimientos de licitación.
Las sanciones impuestas abarcan desde amonestaciones públicas y privadas hasta suspensiones, destituciones e inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de cada caso.
Aunque el comunicado oficial presenta las medidas como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional, los casos dados a conocer corresponden, en su mayoría, a faltas administrativas individuales y no a investigaciones por redes de corrupción o esquemas de desvío de recursos.
La Secretaría señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y afirmó que defenderá las determinaciones emitidas en caso de que sean recurridas.
