La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor conocida como el ‘Plan B’, ya es todo un hecho.
La tarde del jueves 23 de abril fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras su aprobación por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, con lo que este viernes 24 de abril entró oficialmente en vigor.
El decreto, promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución y establece nuevas reglas en materia de presupuesto, organización municipal y salarios de funcionarios electorales.
¿Y qué sigue para el ‘Plan B’ y su implementación? A partir de ese momento, tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales tendrán como fecha límite el 30 de mayo para armonizar su marco jurídico conforme a los nuevos lineamientos.
¿DE QUÉ TRATA EL ‘PLAN B’?
Los puntos claves del ‘Plan B’ en materia electoral son:
Reducción de privilegios
La iniciativa tiene como prioridad la reducción de privilegios a nivel local, en municipios y congresos locales.
En el caso de los ayuntamientos se reducirá el número de regidores, a entre 7 y 15, dependiendo la población de cada región y se limitará a una sindicatura por municipio.
También en congresos locales habrá un tope salarial de .70% de egreso de cada entidad.
Los ahorros a estas reducciones serán destinados a obras de infraestructura para municipios y estados.
No ganar más que la Presidenta
A su vez, el proyecto contempla que, para funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales estatales habrá una reducción de salario y no podrán ganar más que la Presidenta.
Para ello serán retirados seguros de gastos médicos mayores, así como ingresos adicionales.
Asimismo, en el caso del Senado se propuso una reducción del gasto progresivo hasta llegar a un 15%.
