Este jueves 2 de abril el gobierno de México salió al paso y, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En dicho informe, el Comité concluyó que en México existen indicios de que las desapariciones forzadas se han cometido de manera sistemática, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad, y decidió escalar el caso ante la Asamblea General del organismo.
Al respecto, en un comunicado, la Cancillería calificó este informe de “tendencioso" y criticó que no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.
“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio Comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, dijo.
Asimismo, Relaciones Exteriores dijo que, si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo de 2009 a 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
Ante ello resaltó los esfuerzos en el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, lanzó.
